Una coalición de organizaciones cívicas de Estados Unidos presentó una demanda contra la Administración de Donald Trump buscando anular una orden ejecutiva del 31 de marzo que limita el voto por correo, ante lo cual argumentan usurpación de poderes constitucionales.

Los demandantes, entre los cuales están la Liga de Mujeres Votantes de Massachusetts, la Asociación de Estadounidenses Residentes en el Extranjero (AARO) y la Fundación US Vote, alegan que la Constitución otorga al Congreso y los estados la potestad exclusiva para fijar las normas electorales. Consideran la medida del Gobierno una afirmación «extraordinaria y abusiva» del poder ejecutivo sobre la administración de las elecciones federales.

Según los demandantes, la implementación de esta orden ejecutiva, firmada el 31 de marzo, excluirá del sufragio a millones de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto, lo cual generaría un «daño irreparable».

Los grupos en mayor riesgo incluyen a militares y ciudadanos en el extranjero, personas de la tercera edad y con discapacidad que dependen del voto por correo. También afectaría a personas recientemente naturalizadas cuyos datos en las bases federales podrían no estar actualizados.

La orden ejecutiva de Trump surge en el marco de su campaña para reforzar su discurso sobre posibles fraudes en los comicios de mitad de mandato, previstos para noviembre, y cuando las encuestas muestran un declive en la aprobación de su gestión y un creciente rechazo a sus políticas, lo que redue el escenario electoral para el Partido Republicano.

La medida establece que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, debe elaborar un registro de votantes elegibles con la colaboración de la Administración del Seguro Social. Asimismo, exige que el Departamento de Seguridad Nacional cree y entregue a cada estado una lista de los ciudadanos con derecho a voto para supervisar quiénes podrán recibir las papeletas enviadas por correo.

Los demandantes alertan que, dado el estado desactualizado y poco fiable de las bases de datos federales, esta acción conlleva el riesgo de privar masivamente del derecho al voto a una gran cantidad de personas.

La orden firmada por Trump instruye al Servicio Postal a crear una lista de votantes por correo aprobados y a considerar ciertas boletas como no aptas para su entrega si los votantes no figuran en la lista federal de votantes inscritos.

«La orden ejecutiva pretende interponer un régimen de escrutinio federal entre los votantes y las urnas, al facultar a un transportista de correo federal para retener las boletas de ciertos votantes», señalan los demandantes, representados por la Unión por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro Brennan para la Justicia y el Fondo de Defensa Legal (LDF), entre otros.

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