Los familiares de una mujer que murió durante su embarazo demandaron al fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, y a varios médicos y centros de salud, al alegar que las restricciones al aborto impidieron que recibiera un procedimiento que podría haberle salvado la vida y que la prohibición casi total de este procedimiento en el estado es inconstitucional.

La demanda, presentada el martes ante un tribunal estatal de San Antonio por la familia de Tierra Walker, afirma que sus médicos rechazaron sus peticiones para realizarle un aborto a pesar de que sufría una emergencia médica que cumplía los requisitos para acogerse a una excepción de las estrictas leyes de Texas.

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Tierra Walker, de 37 años y residente en San Antonio, murió en diciembre de 2024 cuando tenía unas 20 semanas de embarazo, tras sufrir durante meses graves problemas de salud, entre ellos hipertensión, convulsiones, coágulos sanguíneos y preeclampsia, según la demanda presentada el martes ante un tribunal del condado de Bexar.

El tratamiento para la preeclampsia consiste en el parto inmediato o el aborto, y la demanda sostiene que Walker cumplía los requisitos para un aborto de emergencia bajo la legislación de Texas. Según la querella, Walker pidió en varias ocasiones interrumpir su embarazo a medida que su salud empeoraba, pero los médicos no le ofrecieron esa posibilidad. La mujer y sus familiares advirtieron al personal médico de que continuar con el embarazo podía costarle la vida, pero, según la demanda, la respuesta que recibieron fue: «El bebé está bien».

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«En cada paso, las instituciones políticas y médicas de Texas no solo le fallaron, sino que perjudicaron activamente a Walker«, sostienen los familiares en la demanda. El 27 de diciembre de 2024, Walker acudió por última vez al hospital, donde le diagnosticaron preeclampsia y le dieron el alta. Murió dos días después.

Los demandantes responsabilizan tanto a los médicos e instituciones que la atendieron como a las autoridades estatales. En la querella afirman que Paxton ha utilizado y abusado de su cargo para imponer una prohibición total y despiadada del aborto, generando un clima de extrema intimidación en la comunidad médica que paraliza a los doctores ante casos de emergencia por miedo a las consecuencias legales de practicar un aborto.

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La demanda acusa además al hospital de incumplir la ley federal que obliga a los servicios de urgencias a estabilizar a pacientes con emergencias médicas y sostiene que varios de los funcionarios estatales demandados vulneraron los derechos constitucionales de Walker. Texas tiene una de las leyes de aborto más restrictivas del país, no tiene excepciones por violación o incesto y solo contempla exclusiones limitadas cuando la vida o la salud de la embarazada están en riesgo.

Desde que la Corte Suprema anuló en 2022 la protección federal al derecho al aborto establecida por el histórico fallo Roe v. Wade, cada estado puede regular el procedimiento. Actualmente, 13 estados, entre ellos Texas, mantienen prohibiciones totales y otros siete lo restringen a partir de las 18 semanas de embarazo o antes.

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En el primer año de las restricciones, la mortalidad materna aumentó un 56 % en Texas, frente al 11 % en el conjunto del país, según un análisis publicado en 2025 por el Gender Equity Policy Institute (GEPI). En 2023, según el mismo análisis, el riesgo de muerte materna en Texas fue 1,7 veces mayor que en los estados donde el aborto seguía siendo legal y accesible.

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