La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, hizo un llamado a respetar la independencia judicial y a no estigmatizar a la jueza Sandra Heredia, quien condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión en régimen domiciliario, el pago de una multa cuantiosa y más de ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue emitida por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, convirtiendo a Uribe en el primer exjefe de Estado colombiano en ser condenado penalmente.

Marín advirtió que «estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional», en clara referencia a las reacciones políticas de la derecha tras el fallo. Subrayó que las decisiones judiciales deben ser debatidas «por la vía del Estado de derecho» y no convertirse en un «debate político o electoral».

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La Defensora del Pueblo recordó la historia de violencia contra los funcionarios judiciales en Colombia, un tema que, según la Comisión de la Verdad, ha llevado a que muchos jueces y fiscales fueran «acallados o resultaran exiliados». Por ello, consideró este caso como una «oportunidad de oro para dar paso a la voz de la Justicia».

Marín advirtió que los señalamientos sin fundamento contra los jueces pueden «llevar a ataques violentos» contra los servidores públicos, como ha ocurrido en el pasado. El pronunciamiento de la funcionaria subraya la importancia de proteger a los miembros del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones.

«El país observa con atención un proceso judicial de gran trascendencia que involucra al expresidente de la República Álvaro Uribe. La Justicia se honra con respeto a las formas del proceso y a quienes tienen el mandato constitucional de tomar estas decisiones», insistió la Defensora.

Por último, Marín reiteró su mensaje central, desvinculando la condena de cualquier agenda política: «Este no es un debate político ni electoral. Démosle paso a la Justicia». La sentencia, dictada por la titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, representa un hito en la jurisprudencia colombiana.

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