Ecuador enfrenta un agravamiento en su crisis eléctrica caracterizado por severos racionamientos de energía, desconexiones forzosas al sector industrial e incertidumbre ciudadana.

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A pesar de las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, las interrupciones del servicio se han extendido a lo largo del territorio nacional, paralizando actividades comerciales y educativas.

El Ejecutivo prometió previamente que las familias no sufrirían afectaciones, sin embargo, desde el último fin de semana varias ciudades registran cortes no programados de hasta 18 horas diarias.

La falta de aviso previo ha generado indignación generalizada, interrupciones en el comercio local y riesgos en la conservación de alimentos en las zonas costeras, donde prevalecen altas temperaturas.

A este panorama se suma el anuncio presidencial de un “mantenimiento preventivo” al sistema de transmisión de energía eléctrica programado para este sábado 17 de octubre.

Noboa afirmó que la medida busca preparar e invertir en la red de transmisión y distribución ante los meses más severos del fenómeno de El Niño.

No obstante, el mandatario no precisó si esta intervención derivará en nuevos apagones, su duración o las regiones afectadas.

De igual manera, anunció la implementación de un toque de queda del 1 al 15 de noviembre en provincias de la Costa como parte de operativos de seguridad.

El origen del colapso energético radica en un déficit nacional de 1.391 megavatios y una acelerada caída de las reservas hídricas en las principales hidroeléctricas, muy por encima de las estimaciones oficiales.

Para proteger el suministro de los hogares y preservar el agua en embalses clave como Mazar, el Gobierno elevó las restricciones industriales de 48 a 72 horas semanales, obligando a más de 9.000 empresas de mediano voltaje a desconectarse de la red pública.

Ante el incumplimiento de algunos sectores, las autoridades gubernamentales hicieron públicos listados de empresas y solicitaron la intervención del Ministerio del Interior y la fuerza pública para forzar la suspensión del consumo eléctrico.

Las reacciones de los gremios empresariales no se han hecho esperar ante el severo impacto económico, el cual supera los 1.000 millones de dólares en pérdidas.

Con el objetivo de solventar la carencia de energía, las empresas han tenido que desviar fondos destinados a salarios y gastos operativos para adquirir y mantener generadores propios a base de combustible, lo que pone en riesgo el empleo y la producción nacional.

Asimismo, la Federación de Exportadores advirtió que el 75 por ciento de la carga exportable corresponde a productos perecederos, por lo que solicitó garantizar fluido eléctrico en puertos y centros de almacenamiento.

A esta alerta se suman sectores clave como la industria láctea —que procesa 1,8 millones de litros diarios y sostiene 4.000 empleos directos— y la Cámara Nacional de Acuacultura, cuyo presidente, José Antonio Camposano, confirmó la grave afectación en la producción camaronera por la falta de refrigeración permanente.

El manejo de la crisis por parte del Ejecutivo ha desencadenado duras críticas de expertos constitucionales y analistas políticos; el abogado constitucionalista Mauro Andino señaló que obligar a privados a cortar el acceso a un servicio público pagado carece de asidero legal y constituye un acto de autoritarismo directo.

Andino precisó que la Secretaría de la Administración carece de competencias sobre la Policía Nacional y recordó que el artículo 314 de la Constitución de la República establece que el Estado debe garantizar la provisión de los servicios públicos bajo principios de regularidad, continuidad, eficiencia y universalidad.

Por su parte, el excomandante del Ejército, Luis Altamirano, advirtió que recurrir a la fuerza pública y exigir autogeneración golpea directamente la seguridad jurídica y la infraestructura requeridas para atraer inversión extranjera al país.

El analista político Luis Obando sugirió que la exposición pública y el señalamiento hacia las industrias responde a una estrategia gubernamental para desviar la responsabilidad sobre la gestión de la crisis y los escándalos de corrupción en el sector energético.

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