Movimiento Indígena de Cotopaxi denuncia falso diálogo estatal en Ecuador

Las comunidades del Pueblo Kichwa Panzaleo exigen respuestas frente a la sequia, las concesiones hídricas y las fumigaciones aéreas en Ecuador en noviembre de 2026.

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Mediante un pronunciamiento oficial, la dirigencia indígena calificó la mesa gubernamental como una simulación sin igualdad de condiciones. Foto: @RedKapari.


17 de noviembre de 2026 Hora: 14:49

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El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), organización filial de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuado (Ecuarunari) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que agrupa a las comunidades del Pueblo Kichwa Panzaleo, denunció este lunes 16 de noviembre de 2026 la falta de resultados concretos tras el primer acercamiento convocado por la Gobernación de Cotopaxi luego de la movilización de más de 11.000 campesinos e indígenas registrada el pasado 10 de noviembre en Ecuador.

Mediante un pronunciamiento oficial, la dirigencia indígena calificó la mesa gubernamental como una simulación sin igualdad de condiciones, advirtiendo que los representantes comunitarios fueron requisados al ingresar, sus teléfonos celulares confiscados y las deliberaciones se desarrollaron bajo vigilancia de agentes encubiertos y efectivos de la Policía Nacional.

Frente al pliego de demandas urgentes presentado por las bases campesinas, el documento del MICC detalla la inacción de las instituciones del Ejecutivo de Daniel Noboa.

Respecto a las fumigaciones aéreas y los sobrevuelos de avionetas en presencia de nubes, el director de la Dirección General de Aviación Civil, Juan Pablo Franco, desestimó las denuncias calificándolas como una mera creencia de las comunidades sin habilitar mecanismos para recibir pruebas audiovisuales, mientras que el director zonal 3 del Ministerio de Ambiente y Energía, Daniel Fierro, admitió la ausencia de mediciones sobre la contaminación del aire y la tierra pese a un informe pendiente desde hace dos años.

En relación con el acceso al recurso hídrico, el subsecretario de Recursos Hídricos, Santiago Moreno, alegó que el Estado no puede revertir las concesiones de agua otorgadas a las grandes haciendas agroindustriales florícolas y brocoleras ni reducir sus caudales o fiscalizar sistemas de riego por goteo, argumentando que dichos permisos constituyen derechos adquiridos del sector privado.

De igual manera, el subsecretario de Innovación del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Richard Ordóñez, reconoció que no existen planes ni fondos asignados para mitigar la sequía actual postergando cualquier intervención hasta después de la pérdida de cultivos y ganado, y que el Gobierno carece de propuestas para conformar el Fondo de Agua provincial.

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El pronunciamiento también evidencia la negativa oficial frente al resto de reivindicaciones populares, pues mientras la Secretaría de Riesgos condicionó la declaratoria de emergencia agropecuaria a alertas previas de los Gobiernos locales, el gobernador de Cotopaxi, Jorge Baño, se abstuvo de garantizar un precio justo para la leche alegando que debe respetarse la política de precios de la industria privada.

A ello se suma la advertencia del coordinador de Regulación de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Vacancela, de mantener la persecución contra el transporte alternativo y comunitario, así como el silencio del Viceministro de Agua respecto a la moratoria minera, motivo por el cual el MICC ratificó su estado de alerta máxima y convocó a una audiencia pública transparente con dirigentes de base para el próximo 4 de diciembre de 2026 en el cantón Salcedo.

El pronunciamiento del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi expone la subordinación de las instituciones estatales a los intereses agroindustriales y corporativos frente a las demandas de soberanía hídrica, alimentaria y ambiental del campo ecuatoriano en 2026.

Por otra parte a mediados de septiembre, Organizaciones sociales, sindicatos, pueblos indígenas y ciudadanía en general protagonizaron una movilización masiva por el Quinto Río en la ciudad de Cuenca, Ecuador, para defender los recursos hídricos y rechazar la actividad minera en zonas de recarga de agua.

De acuerdo con voceros vinculados a la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y movimientos populares, en el territorio de Cuenca existen más de 46.000 hectáreas de páramos concesionadas para la minería, entre ellas a la empresa DMP, señalada por mantener vínculos con el actual Gobierno de Daniel Noboa.

Los dirigentes sociales denunciaron que tanto la Administración de Noboa como los Gobiernos precedentes de Lenín Moreno y Guillermo Lasso incumplió la voluntad popular expresada en consultas como la de Quimsacocha y la del Yasuní, donde más del 80 por ciento de los votantes rechazó la explotación extractiva.

Asimismo, advirtieron que en el caso de Quimsacocha no se garantizó la consulta previa, libre e informada, señalando que el Estado recurre a decretos, fuerzas armadas y efectivos policiales para imponer procesos de dominación territorial que vulneran el agua, la agricultura, la ganadería, la lengua y la vida de las comunidades que habitan los páramos.

Autor: teleSUR: lf - RR

Fuente: Agencias