La Corte Suprema de Estados Unidos (EE.UU.) permitió este lunes a la Administración del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países sin previo aviso.

LEA TAMBIÉN:

Ojo por ojo: 6 misiles responden a las 6 bombas de EE.UU. contra Irán

La decisión suspendió una orden emitida el pasado 18 de abril por el juez federal Brian Murphy en Massachusetts. Ello obligaba al Gobierno a notificar a los migrantes con al menos 10 días de antelación y permitirles argumentar riesgos de tortura o persecución en los países de destino.

La Administración Trump solicitó una intervención de emergencia, argumentando que la orden judicial limitaba su autoridad presidencial y afectaba negociaciones diplomáticas. El fallo marca un cambio en la postura del tribunal, que en abril había exigido un “plazo razonable” para que los migrantes impugnaran sus deportaciones.

La decisión actual, respaldada por la mayoría conservadora, prioriza la agilidad en las políticas migratorias de Trump, enfocadas en deportaciones masivas. Asimismo, la medida permite al Gobierno enviar migrantes a países como Sudán del Sur, Panamá o Costa Rica, incluso si no tienen vínculos previos con estos destinos.

Según el procurador general D. John Sauer, el caso involucra a “algunos de los peores extranjeros ilegales”, con delitos graves que impiden su retorno a sus países de origen. Sin embargo, el juez Murphy destacó en su orden que los afectados solo pedían “ser informados” y tener la oportunidad de demostrar riesgos de “persecución, tortura y/o muerte” en los terceros países.

“Este pequeño mínimo de proceso está ordenado por la Constitución de los Estados Unidos”, escribió Murphy el pasado 18 de abril, subrayando la necesidad de garantías procesales. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la falta de notificación previa expone a los migrantes a graves peligros en naciones con conflictos armados o inestabilidad política.

Por su parte, los tres jueces liberales de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, emitieron un disenso contundente contra la decisión. Sotomayor calificó el fallo como un “abuso flagrante” de la discrecionalidad del tribunal, argumentando que recompensa la desobediencia del gobierno a órdenes judiciales previas.

Al mismo tiempo, señaló que la Administración Trump ha ignorado fallos que protegían a los migrantes de traslados a destinos potencialmente peligrosos. El caso refleja una creciente tensión entre el poder judicial y las políticas migratorias de Trump, que buscan acelerar deportaciones mediante acuerdos bilaterales con terceros países. Estos acuerdos, según Sauer, facilitan la expulsión de migrantes cuando sus naciones de origen rechazan recibirlos.

Aunque el fallo es provisional y el litigio continúa en tribunales inferiores, su impacto inmediato es significativo. La reanudación de las deportaciones rápidas refuerza la estrategia de Trump para reducir la migración irregular, un eje central de su segunda Administración.

EN ESTA NOTA: