El contralor panameño, Anel Flores, presentó dos acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia , alegando inconstitucionalidad y solicitando la nulidad del contrato suscrito con la empresa Panama Ports, que gestiona los puertos Balboa y Cristóbal.

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Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, el funcionario reveló que las acusaciones están vinculadas a la prórroga del convenio otorgado en la administración anterior, sin contar con una consulta formal de la Contraloría que respaldara dicho procedimiento.

«No solo es un contrato malo, sino también leonino y abusivo contra los intereses del país», afirmó Flores, subrayando que las medidas jurídicas buscan restaurar la equidad y alcanzar los beneficios que Panamá merece, en caso de que se admitan las demandas.

El contrato implicó que aproximadamente 1.300 millones de dólares no ingresaran al tesoro nacional. Además, esta extensión fue aprobada por diversos actores, incluyendo la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, según se ha señalado.

Panamá ha sufrido consecuencias negativas en el ámbito internacional debido a las revelaciones publicadas en medios nacionales sobre la situación de los puertos gestionados por Panama Ports —Balboa y Cristóbal—, en los que no se reconoce a Panamá como legítimo propietario.

Por otro lado, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, indicó recientemente que la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo una investigación contra Panama Ports Company, posterior a una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.

Gómez precisó que el proceso lleva tres meses y medio, tiempo en el que se han ejecutado unas 160 diligencias investigativas, que incluyen entrevistas, comisiones especiales y requerimientos puntuales.

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