El Congreso de Argentina aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el presidente Javier Milei, decisión que generó protestas masivas en las inmediaciones del Parlamento.

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La nueva normativa establece que cada provincia deberá redefinir los límites de protección de los glaciares, lo que abre la posibilidad de ampliar las áreas destinadas a la explotación minera.

La votación concluyó con 137 votos a favor, 111 en contra y 7 abstenciones. Desde la perspectiva del Ejecutivo, la medida representa “un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”. Milei agregó que “los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”.

Sin embargo, organizaciones ambientales y ciudadanos manifestaron su rechazo. Miles de personas se movilizaron en las calles para denunciar que la reforma pone en riesgo el acceso al agua y agrava los efectos del cambio climático.

Los glaciares constituyen una fuente esencial de agua para consumo humano, agricultura e industria en vastas regiones del país. Dicha reforma viola el derecho humano al agua reconocido por Naciones Unidas.

Expertos también alertaron sobre los riesgos de la megaminería, que implica el uso de sustancias químicas y la generación de residuos capaces de contaminar aguas glaciares y subterráneas, con impactos irreversibles en los ecosistemas y la salud de las comunidades.

El Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) informó que un 17 por ciento de los 17 mil cuerpos de hielo del noroeste argentino ya han disminuido debido a proyectos mineros. Ante este panorama, activistas anunciaron que recurrirán a las vías judiciales para frenar la reforma.

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