Expertos de la ONU condenaron este miércoles el hundimiento de dos embarcaciones civiles, el 2 y 15 de septiembre de 2025, por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en el Mar Caribe.

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Los relatores calificaron estas acciones como ejecuciones extrajudiciales violatorias del derecho internacional y exigieron a EE.UU. cesar su «guerra contra el narcoterrorismo».

Los expertos, encabezados por el relator especial sobre derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales y el experto independiente sobre un orden internacional equitativo George Katrougalos; afirmaron que «el derecho internacional no permite a los Gobiernos asesinar a presuntos narcotraficantes».

El informe, elaborado de conjunto con los gobiernos involucrados, subraya que las actividades delictivas deben ser investigadas y procesadas conforme al Estado de derecho y mediante cooperación internacional.

El 2 de septiembre, el presidente de EE.UU. anunció el ataque contra una embarcación en aguas internacionales, alegando que transportaba narcóticos y estaba vinculada con el extinto Tren de Aragua, designado por EE.UU. como organización terrorista. Once personas fueron asesinados. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que el objetivo fue «disuadir» a otros narcotraficantes, reconociendo que optaron por el ataque mortal en lugar de interceptar la embarcación. El 15 de septiembre, otra embarcación fue hundida, causando 3 fallecidos.

Según los expertos de Naciones Unidas, tales ataques violan el derecho a la vida y las normas jurídicas internacionales en el ámbito marítimo, que prohíben ataques no provocados contra buques y exige un enfoque policial, no militar, para el uso de la fuerza.

“El uso de fuerza potencialmente letal solo se permite en defensa propia o ante una amenaza inminente a la vida”, precisaron.

Los especialistas señalaron que una orden clasificada, presuntamente firmada por el presidente de EE.UU. en agosto de 2025, autoriza el uso de fuerza militar en territorio extranjero o aguas internacionales contra cárteles latinoamericanos.

“El uso unilateral de la fuerza en el extranjero contra el narcotráfico o terrorismo viola la soberanía de otros países y la Carta de las Naciones Unidas”, concluyeron.

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