El Gobierno de Panamá anunció que este lunes concluye el estado de excepción en la provincia de Bocas del Toro, mientras los gremios docentes ratificaron que continuarán con la huelga indefinida para exigir la derogación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.

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Fernando Ábrego, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), reiteró que el paro indefinido, iniciado el pasado 23 de abril, seguirá vigente hasta lograr la anulación de la norma.

“El Gobierno nacional quiere hacerle creer al pueblo panameño que tiene la verdad absoluta y que este es un tema inabordable”, aseguró Ábrego.

El líder magisterial explicó que el gremio sostuvo conversaciones con legisladores, representantes del sector privado y la Iglesia Católica para encontrar una salida a la crisis generada por la ley.

De acuerdo con Ábrego, la reforma condena a la clase trabajadora a condiciones de miseria, hambre y desesperanza, además de no garantizar un manejo claro de los fondos ni mejoras reales en la atención de salud o en el suministro de medicamentos.

El representante de Asoprof adelantó que, junto a asesores legales, están revisando los artículos más perjudiciales de la legislación, especialmente aquellos relacionados con el modelo de pensiones e inversiones propuesto.

Anunció que este lunes, un día antes de la instalación de la segunda legislatura de la Asamblea Nacional, se llevará a cabo un encuentro clave con el objetivo de definir nuevas estrategias de movilización junto a diversas organizaciones sociales.

Ábrego también denunció que el Gobierno retiene los salarios de los maestros que participan en el paro mediante el decreto ejecutivo 17, el cual calificó como “espurio, ilegítimo e ilegal”. Ante esto, informó que presentarán acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría de la Administración.

El dirigente acusó tanto al Ejecutivo como a las fuerzas del orden de incurrir en violaciones a los derechos fundamentales en la provincia de Bocas del Toro.

Ábrego denunció que “ya suman siete desaparecidos y a la fecha no tenemos conocimiento del paradero de estas personas”, señalando como responsables al presidente José Raúl Mulino, al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

“Seguimos abiertos al diálogo para encontrar una salida a esta crisis. Queremos volver a las aulas, pero bajo condiciones de justicia social y respeto a nuestras garantías. La dictadura es cosa del pasado en Panamá y no permitiremos un modelo de Gobierno autoritario”, enfatizó.

Por otra parte, el abogado Antonio Vargas elevó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de hábeas corpus en favor de ocho integrantes del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), quienes fueron detenidos durante las manifestaciones contra la Ley 462. Según argumentó la defensa, los sindicalistas ejercían su derecho a la protesta pacífica cuando fueron capturados por la Policía.

Los detenidos fueron arrestados en la zona de Changuinola, cercana a la frontera con Costa Rica, en el marco de una operación policial para despejar las vías en la que, según denuncias, se perpetraron numerosas violaciones a los DD.HH.

De forma paralela, el jurista Héctor Huertas presentó un amparo de garantías constitucionales contra la declaración del estado de excepción en Bocas del Toro, al considerar que la medida vulnera derechos fundamentales como el de ser llevado ante una autoridad competente en un plazo máximo de 24 horas.

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