Representantes de organizaciones sociales y ambientales de seis países latinoamericanos presentaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer los efectos que han generado diversos proyectos mineros de empresas canadienses en la región.

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Las reclamaciones fueron abordadas durante una sesión de trabajo celebrada en Ciudad de Panamá, donde activistas y defensores de derechos humanos cuestionaron la falta de mecanismos efectivos de supervisión sobre las actividades extractivas desarrolladas por compañías con sede en Canadá.

Durante la audiencia, los participantes señalaron presuntas afectaciones ambientales, conflictos sociales y vulneraciones de derechos asociadas a operaciones mineras en distintos países latinoamericanos. Asimismo, solicitaron que se analicen las obligaciones internacionales de las empresas y del Estado canadiense respecto a estas actividades.

Entre los testimonios presentados figuró el de José Luis Abarca, hijo del activista mexicano Mariano Abarca, asesinado en 2009. El representante pidió que prospere una demanda presentada desde 2023 relacionada con la actuación de una compañía minera canadiense.

«Hemos venido aquí a la ciudad de Panamá a solicitar una audiencia ante la Comisión para que sea admitida una demanda que tenemos ante el gobierno canadiense desde el 2023. Una demanda, una lucha y una exigencia de justicia por parte de la familia, por parte de organizaciones civiles y por parte de otros defensores de derechos humanos y ambientalistas», manifestó Abarca.

La activista panameña Leysi Rodríguez también denunció la existencia de discursos que, según afirmó, buscan desacreditar a comunidades campesinas e indígenas que se oponen a determinados proyectos extractivos. A su juicio, estas narrativas contribuyen a la estigmatización de quienes participan en la defensa del territorio y de los recursos naturales.

«Sabiendo que sólo defendemos nuestros derechos como pueblos campesinos y pueblos indígenas de la región y que nos preocupamos por el principal recurso de este país que es el agua y que lo necesitamos de manera saludable», declaró Rodríguez al referirse a la situación en la región panameña de Donoso.

Por su parte, el abogado Carlos Bichet, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), sostuvo que el Gobierno canadiense debe asumir responsabilidades de supervisión y debida diligencia respecto a las actividades de sus empresas en el extranjero. En ese sentido, mencionó el caso de Minera Panamá y los impactos asociados a la explotación minera sobre comunidades y defensores ambientales.

«La mina de cobre Minera Panamá es la octava mina más grande del mundo y una de las más grandes en Centroamérica. Y eso hace alusión a que no escapa del gobierno canadiense el tener obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos de debida diligencia, supervisión, monitoreo y responsabilidad por los impactos que esa minería pueda tener no solamente en el medio ambiente, sino también en las personas defensoras de derechos humanos», afirmó Bichet.

Durante la audiencia también intervino la abogada canadiense Charis Kamphuis, del Justice & Corporate Accountability Project, quien reconoció que Canadá ha identificado impactos asociados a operaciones mineras en el exterior. No obstante, señaló que aún persisten limitaciones en los mecanismos de acceso a la justicia, investigación, sanción y reparación para las personas y comunidades afectadas, una cuestión que fue trasladada a la consideración de la CIDH.

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