Este sábado 14 de junio, tras casi dos meses de manifestaciones contra la Ley No. 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), la cual afecta los beneficios de jubilación de los ciudadanos y privatiza muchos de sus servicios pese a la narrativa del Ejecutivo, los pueblos originarios panameños denunciaron la violencia policial durante recientes desalojos de manifestantes que bloqueaban carreteras como parte de una huelga.

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Elena Cruz, presidenta del Congreso de la Comarca Ngäbe Buglé y líder de los pueblos originarios de Panamá, emitió un contundente comunicado donde denuncia que su pueblo fue atacado como parte del operativo Omega ejecutado por los estamentos de seguridad en el sector de Chiriquí Grande, que incluyó despliegue aéreo y terrestre, así como dejó varios heridos, como castigo por la defensa de sus derechos sociales.

«Han atacado a mi pueblo desde las vías aéreas y terrestres por defender sus derechos. Denuncio ante el país e instancias internacionales la represión del pueblo que en estos momentos se encuentra herido», aseveró la líder en el texto.

Por estas acciones, Cruz culpó directamente al presidente panameño José Raúl Mulino y a sus ministros que ordenaron una gran operación policial para despejar las vías de la provincia de Bocas del Toro (oeste), vecina de la Comarca, que se encontraban bloqueadas en más de 20 puntos por los manifestantes.

Desde la comarca, los indígenas de Panamá exigen que se derogue inmediatamente la Ley No. 462, que el Gobierno deshaga el memorando de entendimiento con Estados Unidos que permite la presencia de tropas en el territorio nacional, así como la cancelación de proyectos mineros en Donoso, Colón y el plan de inudar Río Indio con embalses para el Canal de Panamá.

Elena Cruz encabeza la Comarca Ngäbe Buglé, división política especial del este de país con costas en el mar Caribe y rango de provincia, fundada en 1997 con las comunidades indígenas ngäbe y buglé y un largo historial de lucha por la defensa de sus derechos desde la colonización de España.

Se trata de una nueva operación represiva del Gobierno de Mulino, que ha abogado por reprimir las expresiones de desacuerdo de los manifestantes tanto en las calles de Panamá como en las localidades no urbanas, quienes desde el pasado 23 de abril mantienen protestas contra una ley que los coloca en una posición de vulnerabilidad respecto a su jubilación.

En redes sociales se observó que el operativo empleaba equipos pesados de construcción y al menos un helicóptero de combate.

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