Este lunes 2 de marzo comenzó el proceso de votaciones en el exterior para las elecciones al Congreso de la República y las consultas de precandidatos presidenciales de Colombia. Durante una semana, hasta el domingo 8 de marzo, más de 1,2 millones de connacionales podrán ejercer su derecho al sufragio en 67 países.

La Registraduría Nacional realizó el despliegue de 1.387 mesas de votación que funcionarán de lunes a sábado, incrementando la cifra a 1.945 mesas para la jornada de cierre dominical, en un horario establecido de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde hora local, según la zona horaria de cada nación. Un total de 1.250.846 ciudadanos están habilitados para participar en estos comicios fuera del territorio colombiano, de los cuales 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres.

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Los votantes podrán solicitar tarjetas electorales para el Senado, tanto por la Circunscripción Nacional como por la Especial Indígena, y para la Cámara de Representantes en las modalidades Internacional, Indígena y Afrodescendiente. Las autoridades electorales recordaron que el único documento válido para realizar el voto es la cédula de ciudadanía, ya sea en su formato amarillo con hologramas o la cédula digital en versión física o móvil.

Queda prohibido el uso de pasaportes, contraseñas o libretas militares para este fin. Los electores también tienen la opción de solicitar a los jurados la tarjeta correspondiente a las consultas interpartidistas para definir precandidatos presidenciales, fortaleciendo así la democracia participativa desde el extranjero.

????️ De cara a las elecciones al Congreso de la República, en ????️ #MicrófonoAbierto salimos a preguntarle a la ciudadanía:

¿Qué tanto conoce sobre cómo votar este 8 de marzo?

Escucha sus respuestas y haz parte del diálogo en pedagogía y participación electoral. ????????#Elecciones2026 pic.twitter.com/Rteuu8ueXC

— Senado de la República ???????? (@SenadoGovCo) March 2, 2026

Para facilitar la ubicación de los centros de votación, la Registraduría puso a disposición la aplicación «aVotar» y su portal web oficial, donde los ciudadanos pueden verificar su puesto asignado ingresando a la sección de Elecciones 2026. Esta jornada representa un paso fundamental en la integración política de los residentes en el exterior, permitiendo que la comunidad migrante influya directamente en la conformación del Poder Legislativo y en la selección de las figuras que competirán por la jefatura del Estado colombiano.

Aunque por su parte, el presidente Gustavo Petro elevó una alerta contundente sobre la opacidad en el sistema informático que gestionará los escrutinios. El mandatario cuestionó al registrador nacional, Hernán Penagos, señalando que la simple exposición del código fuente no garantiza transparencia si este no es auditado de manera profunda por especialistas independientes de las agrupaciones políticas.

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Petro enfatizó que la soberanía popular corre peligro al estar en manos de contratistas vinculados a Thomas Greg and Sons, firma señalada por irregularidades históricas, y exigió que los partidos reciban copias del software para verificar que el programa utilizado el día de los comicios sea el mismo que fue previamente inspeccionado.

La preocupación del Ejecutivo colombiano se intensificó tras una investigación de un medio alternativo, donde denuncian que el Grupo ASD continúa vinculado a la organización de las votaciones a pesar de su presunto historial de fraude en Colombia y el exterior, incluyendo las elecciones de Honduras. El presidente advirtió que ASD, filial de Thomas Greg, estuvo involucrada en el despojo de curules al partido Mira en 2014 y en alteraciones contra el Pacto Histórico en 2022.

Según la denuncia, aunque la empresa aparentemente salió de algunos contratos, fue reemplazada por otra compañía perteneciente al mismo conglomerado empresarial, lo que Petro define como un «círculo de fraude» diseñado para mantener algoritmos opacos fuera del control estatal.

En el marco del Plan Democracia 2026, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre la incautación de 623 millones de pesos que presuntamente serían utilizados para la compra de votos y otros delitos electorales en departamentos como Santander, Cundinamarca, Meta y Antioquia.

Esta acción, lograda mediante la coordinación entre la Fiscalía General y la Policía Nacional, forma parte de una estrategia integral para frenar la corrupción en las urnas. Sánchez destacó que actualmente se investigan 14 macrocasos relacionados con financiación ilegal de campañas y suplantación de electores, reafirmando que la seguridad del proceso no solo depende de la tecnología, sino de combatir las redes de constreñimiento al votante en los territorios.

Mientras la Registraduría defiende la presencia de misiones de observación como CAPEL y asegura que el sistema es auditable, Petro insiste en que no se cumplió la orden judicial de adquirir un software de propiedad exclusiva del Estado colombiano. El mandatario concluyó que la falta de acceso real al código fuente y las restricciones para los testigos electorales podrían cerrar la puerta a una elección verdaderamente libre.

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