Colombia: el boicot de la derecha colombiana desde el poder electoral y judicial
Para la consulta de este 26 de octubre en Colombia, las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) han dejado en el limbo jurídico la creación del Pacto Histórico como partido único.
Los hilos de Poder del uribismo reta a la izquierda colombiana en el plano institucional. Foto archivo
26 de octubre de 2025 Hora: 06:19
En Colombia, la izquierda viene siendo azotada desde distintos frentes: a las amenazas de Donald Trump y las medidas contra Petro como el retiro de su visa, se suman las decisiones del Poder Judicial de absolver al ex presidente Uribe, y las trabas jurídicas impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Para la consulta de este domingo 26 de octubre, las fuerzas progresistas procesan sus diferencias arribando a los acuerdos posibles, y la apuesta de lograr retener el gobierno y obtener una buena representación parlamentaria, toma en cuenta lo sucedido en Bolivia y la derrota de la izquierda.
El senador Iván Cepeda, uno de los candidatos para la consulta, ha señalado que pedirá al CNE que certifique en los próximos días que la consulta es partidista. “Debe haber total claridad: participamos en esto sobre la garantía de que vamos a marzo”.
La ex ministra de Salud, Carolina Corcho que busca recabar apoyos en los movimientos sociales, las mujeres y las regiones, ha expresado que “Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre».
El candidato elegido se mediría en marzo en la consulta del Frente Amplio, una coalición más amplia con otros sectores de izquierda y centro.
El ex Alcalde de Medellín Daniel Quintero, se retiró de la contienda; Según Quintero, la decisión del CNE produce “una inseguridad jurídica” que impediría al ganador participar en la votación amplia de marzo. “Mataron la consulta del Pacto Histórico”, aseguró. “Es evidente que la derecha quiere evitar que lleguemos unidos al otro año, no voy a caer en esa trampa”, añadió.
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Las trampas del CNE para impedir la unión de la izquierda
La consulta en la que el Pacto Histórico definirá su precandidatura presidencial y el orden de sus listas al Congreso, las decisiones del CNE, reabren el debate sobre la independencia del árbitro electoral en favor de los partidos tradicionales.
Por primera vez, los sectores progresistas buscan que la ciudadanía escoja una precandidatura única con miras a la consulta presidencial del Frente Amplio, que reunirá a sectores de centroizquierda y está prevista para marzo del próximo año.
El 15 de septiembre, el Consejo aprobó la creación del Pacto Histórico como partido único a solicitud de las colectividades que se fusionaron para ello: la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el Partido Comunista, el movimiento Minga Indígena Social y Popular y Progresistas, escisión del MAIS que lidera la senadora María José Pizarro.
Sin embargo, el CNE dejó por fuera a la Colombia Humana, al considerar que no alcanzó el quórum de sus militantes para adherirse; excluyó a Progresistas, por no tener personería jurídica; y negó a a la Minga Indígena, sin una motivación detallada.
La resolución, impulsada por el magistrado Álvaro Hernán Prada —presidente del CNE y militante del Centro Democrático—, generó desconfianza dentro del bloque oficialista. Prada enfrenta investigaciones por presunto soborno de testigos y por intimidaciones judiciales contra el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lo que alimenta dudas sobre su imparcialidad.
La determinación tuvo un efecto inmediato: dejó sin aval la candidatura de Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, quienes interpusieron una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá reclamando su derecho a la participación política.
Con el partido único bloqueado, la consulta del Pacto quedó registrada como un mecanismo interpartidista y no partidista, lo que impide que su ganador participe luego en la consulta del Frente Amplio. Así, el propósito de unificar a la izquierda derivó en una nueva fragmentación.
A la disputa jurídica se sumó el caos logístico. El 14 de octubre, el CNE resolvió que el logo del Pacto Histórico no podría aparecer en el tarjetón, al no ser un partido con personería jurídica, y que solo debían figurar los símbolos de las organizaciones que avalaran a los candidatos.
La decisión fue respaldada por siete de los nueve magistrados, la mayoría provenientes de partidos tradicionales o de oposición al gobierno: Altus Baquero y Benjamín Ortiz, del Partido Liberal; Cristian Quiroz, de la Alianza Verde; Maritza Martínez, de la U; Alfonso Campo, del Conservador; Prada, del Centro Democrático; y Álvaro Echeverry, de Colombia Justa Libres.
El CNE negó cualquier modificación al tarjetón. Con ello, dejó una única salida para evitar la exclusión del Frente Amplio: que Iván Cepeda y Carolina Corcho, ambos precandidatos del Pacto, se inscriban bajo el aval del Polo Democrático, de modo que el proceso adquiera carácter partidista.
Un día después, los partidos Comunista y Unión Patriótica retiraron formalmente su personería jurídica, notificando su decisión al CNE, la Registraduría y la Procuraduría.
En una declaración conjunta, Gabriel Becerra, presidente de la Unión Patriótica, explicó que la decisión busca “preservar la autonomía de los partidos y evitar sanciones o inhabilidades posteriores”. Añadió que la medida garantiza la participación del Pacto Histórico en la futura consulta del Frente Amplio, donde las fuerzas de izquierda planean unificar su candidatura presidencial.
Por su parte, Jaime Caicedo, representante legal del Partido Comunista, aclaró que el retiro no implica un rompimiento con el Pacto Histórico, sino una medida preventiva para proteger la legitimidad del proceso.
Con esta determinación, el Polo Democrático Alternativo realizará la consulta de manera exclusiva el próximo domingo, y el resultado definirá quién representará a esa colectividad en la etapa de alianzas políticas rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido que el sistema electoral colombiano sigue dependiendo de un órgano que tiene problemas en su diseño y, además, está integrado por cuotas partidistas, lo que compromete su independencia y transparecia.
Ante esta arremetida de la derecha, el presidente Gustavo Petro, invitó al pueblo a ponerse «en modo constituyente» y recoger 2.5 millones de firmas para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, que incorpore las reformas sociales que requiere el país.
Petro, por último, declaró su intención de participar en las elecciones de la eventual Asamblea Constituyente. También vaticinó que en las elecciones presidenciales y parlamentarias de marzo de 2026 triunfarán las fuerzas progresistas
El clan uribista
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al ex presidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, de los cuales fue hallado culpable y condenado el 1 de agosto a 12 años de prisión domiciliaria, inhabilitación para ejercer cargos públicos por un tiempo de cien meses y 20 días, y la obligación de pagar una multa.
El origen del caso contra Uribe Vélez se remonta a 2012, cuando este intentó difamar al senador Iván Cepeda, al que acusó de haber prometido beneficios a testigos para que lo señalaran a él y a su familia de estar vinculados a paramilitares.
Un ex paramilitar que se halla en prisión, Juan Guillermo Monsalve, acusó a Uribe de haber promovido la creación del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de numerosos crímenes.
Ante este fallo el Presidente Gustavo Petro denunció que el fallo que devolvió la libertad al expresidente Uribe otorga impunidad a «los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia».
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En tanto, las fuerzas uribistas en la Florida lograron que el comisionado de Miami-Dade, Roberto González, anunció que desde agosto una nueva calle en ese condado llevará el nombre de ‘Avenida Colombia’ en homenaje al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
El homenaje coincidió con la sentencia judicial de primera instancia contra el líder de la derecha colombiana, y fue uno de los tres que se realizaron en Miami, integrantes de diversos colectivos que han logrado cierta ascendencia entre las autoridades de dicha ciudad,
La relación de Uribe con Miami-Dade no es nueva: en agosto de 2020, el mismo condado aprobó el cambio de nombre de un tramo de la SW 117th Avenue (entre SW 40th Street ‘Bird Road’ y SW 24th Street ‘Coral Way’) a “Álvaro Uribe Way”.
Un año después, en octubre de 2021, fue la inauguración de la “President Álvaro Uribe Way” en la ciudad de Hialeah (en el condado de Miami-Dade), impulsada por el entonces alcalde Carlos Hernández,; durante el acto, el propio Uribe participó mediante videollamada, mientras que Francisco Santos asistió en persona.
Un largo juicio
El senador Iván Cepeda denunció en el Congreso el 2012, a Álvaro Uribe y su hermano Santiago que fundaron y financiaron en los años noventa el Bloque Metro, una facción paramilitar que nació en la Hacienda Guacharacas, una propiedad en Antioquia de la familia del expresidente.
El testigo clave para sustentar esta denuncia es el hijo del capataz de la hacienda, Juan Guillermo Monsalve. Él, que cumple una pena de más de 40 años, asegura que los Uribe estuvieron vinculados a este grupo, al que él también perteneció.
En mayo del 2024 luego de un largo proceso judicial, el Ministerio Público acusa formalmente al expresidente por tres delitos: soborno, fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. La entidad argumentaría un mes después que Uribe “ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar las retractaciones de testigos clave como Juan Guillermo Monsalve y [el exjefe paramilitar] Pablo Hernán Sierra”.
Apelando a que en segunda instancia fuera absuelto, el derechista Centro Democrático, anuncia que Uribe volverá a ser candidato en sus listas al Senado de cara a las elecciones de 2026. “Hasta el momento el único puesto fijo que tenemos claro es Álvaro Uribe Vélez, que será el número 25”, dice el presidente del partido, Gabriel Vallejo.
Efectivamente, el Tribunal Superior de Bogotá absuelve de todos los cargos a Uribe en la decisión de segunda instancia. Los magistrados dejan sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, por la que había sentenciado al expresidente a 12 años de prisión.
Uribe y los paramilitares
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático se refirió durante el juicio a las asociaciones Convivir, unas cooperativas de seguridad que él impulsó cuando era gobernador de Antioquia bajo el argumento de que iban a ser un apoyo para la Fuerza Pública en áreas rurales. Esas organizaciones tenían acceso a armamento, radios y medios de transporte.
En medio de su exposición, Uribe eludió decir que entregó personerías jurídicas a varias Convivir de jefes paramilitares, ni mencionó que integrantes de esas organizaciones perpetraron en 1997 masacres como la de Mapiripán (Meta) y la de Tocaima (Cundinamarca).
Las cooperativas Convivir fueron creadas por el gobierno de César Gaviria y reglamentadas durante la presidencia de Ernesto Samper. Como toda herramienta creada por la ley, cada gobernante tenía la potestad de usarla o no. Quien con más decisión impulsó esas organizaciones fue Álvaro Uribe Vélez, quien fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997.
Para crear una Convivir se necesitaban tres documentos: la personería jurídica (que otorgaba el gobernador), un concepto militar favorable (expedido por el comandante militar de la zona de operación de la cooperativa) y una licencia de funcionamiento (que tramitaba la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada).
Uribe, en la Gobernación; Rito Alejo, en la Brigada; y un político llamado Hermán Arias Gaviria, en la Superintendencia, estaban comprometidos con el impulso de las Convivir. Otra persona que se la jugó por esas cooperativas, aunque lo hizo a la sombra, fue Raúl Emilio Hasbún, comandante desde inicios de 1996 hasta 2004 del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Uribe no solo firmó las personerías jurídicas de las Convivir de los paramilitares, sino que en su momento defendió la figura legal ante la Corte Constitucional. En Antioquia fueron 69 Convivir, mientras en el país fueron más de 600.
Según datos de la Comisión Verdad sobre victimas de grupos paramilitares las cifras revelan:
La década con más víctimas: entre 1995 y 2004, se registró el 45 % de las víctimas (202.293 víctimas), de un total de casi 800.000 hasta el 2018.
Grupos paramilitares: 205.028 víctimas (45 %)
Agentes estatales: 56.094 víctimas (12 %).
Antioquia fue el departamento mas afectado con 125.980 víctimas (28 %)
Desaparición forzada
- Número de víctimas:
- 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016.
- Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de desaparición forzada puede llegar a 210.000 víctimas.
- Principales responsables de desapariciones forzadas:
- Grupos paramilitares: con 63.029 víctimas (el 52 %).
- Agentes estatales: 9.359 víctimas (8 %).
- Nuevamente Antioquia es el departamento mas afectado con 28.029 victimas de desaparición forzada.
El 2026 será una año sin dudas de grandes definiciones para el futuro de Colombia; el traspié interpuesto al progresismo colombiano para éste domingo 26 de octubre, debe ser tomado en cuenta para las elecciones de marzo del Frente Amplio, y la suerte de la convocatoria a una Constituyente.
Autor: teleSUR: Ricardo Pose
Fuente: Agencias
