El Consejo de Estado de Colombia, que funciona como máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país, suspendió este miércoles el decreto a la consulta popular sobre la reforma laboral por el cual el presidente Gustavo Petro la había convocado.

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La decisión responde a una medida cautelar de urgencia presentada por 12 senadores colombianos que exigieron suspender los efectos jurídicos del Decreto 639 “al advertir que fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República”.

En este sentido, la Sala Quinta del Consejo de Estado declaró que, “previo a convocar al pueblo una decisión de transcendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”.

El senador Carlos Fernando Motoa, del partido opositor Cambio Radical, instó al Gobierno a “cambiar rápidamente de asesores jurídicos”, alegando de forma peyorativa “que ese ‘decretazo’ era inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes”, al ofender también la gestión del presidente Petro.

Ante esto, el mandatario afirmó que “ni lo uno, ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué a la Corte Constitucional”.

“Pero ya la discusión no es jurídica”, agregó Petro, al tiempo de subrayar que “el Congreso tiene su última palabra, después de llegados al resultado final”.

El mandatario subrayó “que claro que la mesa directiva de senado, puede usar la suspensión, para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede cumplir su palabra; ya no es ante mí, como presidente, es ante el pueblo, y no es una amenaza, el pueblo tendrá la última palabra, porque es el poder soberano, el verdadero dueño del poder”.

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