Más de 250 venezolanos fueron deportados ilegalmente por Estados Unidos (EE.UU.) y detenidos sin cargos en cárceles salvadoreñas. Un análisis de la Organización no Gubernamental Cristosal revela cómo ambos Gobiernos evadieron su responsabilidad y ocultaron un acuerdo secreto que violó derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la información y a la asistencia legal.

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El documento señala que estas personas permanecieron meses recluidas en centros penales sin cargos formales, sin acceso a abogados ni a sus familias, y sin que ninguna autoridad asumiera públicamente su jurisdicción sobre ellas. Fueron sometidas a un régimen de incomunicación total.

Ante instancias internacionales, el Gobierno salvadoreño alegó que actuó bajo un acuerdo bilateral secreto con EE.UU., limitándose a facilitar infraestructura penitenciaria para custodiar personas bajo jurisdicción estadounidense. Por su parte, la Casa Blanca sostuvo que perdió jurisdicción sobre los deportados una vez estos cruzaron territorio salvadoreño.

“El Gobierno salvadoreño considera que la responsabilidad legal y la jurisdicción aplicable a esas personas recae exclusivamente en el otro Estado”, afirma el análisis, refiriéndose a la postura de las autoridades locales.

Sin embargo, el análisis concluye que esta posición carece de fundamento jurídico. Subraya que ningún acuerdo bilateral puede eximir a un Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente cuando personas se encuentran materialmente bajo su custodia. La custodia física genera obligaciones positivas de garantía, incluso si la jurisdicción formal no es reconocida.

Claves del análisis:

• Más de 250 venezolanos fueron deportados ilegalmente por EE.UU. y trasladados al sistema penitenciario salvadoreño en marzo de 2025.
• Permanecieron meses detenidos sin cargos, sin acceso a abogados, familiares ni garantías procesales, en un régimen de incomunicación total.
• El Gobierno de El Salvador alegó actuar bajo un acuerdo bilateral secreto con EE.UU., limitándose a facilitar infraestructura.
• EE.UU. alegó haber perdido jurisdicción una vez los deportados cruzaron territorio salvadoreño.
• El análisis concluye que ningún acuerdo bilateral exime a los Estados de sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
• Ambos Estados tienen responsabilidad directa por las violaciones sufridas, derivada de la custodia material de las personas.
• Mantener el acuerdo en secreto es ilegítimo y viola el derecho a la información, obstaculizando la defensa y el acceso a la justicia.
• La situación se describe como un «intercambio de rehenes» fuera del control del derecho internacional humanitario, poniendo en duda el Estado de derecho en ambos países.

El informe destaca que es ilegítimo mantener en secreto el acuerdo bilateral. La falta de transparencia impidió que las familias localizaran a sus seres queridos y obstaculizó el acceso a la justicia. El documento cita la Convención Americana de Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana, que establece el derecho de acceso a la información como fundamental, con límites excepcionales y estrictos.

La organización denunció que solicitó información oficial a las autoridades salvadoreñas, incluyendo nombres y situación jurídica de los detenidos, recibiendo como respuesta que esos datos eran «información reservada», al tiempo que la Presidencia se declaró incompetente para proveerla.

El análisis concluye que ambas naciones son responsables directos de graves violaciones a los derechos humanos. El traslado y la posterior liberación de los migrantes, vinculada al canje por presos venezolanos, se describe como un «intercambio de rehenes ejecutado por fuera de todo control del derecho internacional humanitario» y el caso coloca en duda el Estado de derecho en ambos países.

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