El presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó este viernes las sanciones unilaterales impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres funcionarios chilenos y reafirmó que «nuestra soberanía se respeta», ante acusaciones no especificadas sobre presuntas acciones contra la seguridad hemisférica.

La situación se originó cuando el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció la restricción de visas a tres funcionarios del Gobierno chileno, cuyos nombres no fueron revelados oficialmente. Según el comunicado estadounidense, los designados «con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial» a actividades que «comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio».

LEA TAMBIÉN:

Exposición en Congreso Nacional de Chile recorre fructífera amistad con China

Como medida adicional, se revocó cualquier visa estadounidense vigente y se prohibió el ingreso de los funcionarios y sus familiares directos al territorio norteamericano.

Ante la falta de notificación oficial previa, la Cancillería chilena expresó su «sorpresa» por la decisión de la Administración de Trump y citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique «los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados».

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que «no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial» y subrayó que este comportamiento «no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos».

Desde Isla de Pascua, Boric aseguró en su cuenta de la red social X que «Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional; no aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley».

El mandatario agregó que, como jefe de Estado, «descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región».

Aunque el Gobierno estadounidense no identificó a los sancionados, medios locales señalan que podrían tratarse de autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: el ministro Juan Carlos Muñoz, el subsecretario Claudio Araya y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen. La prensa chilena vincula las sanciones con el proyecto de cable submarino de fibra óptica entre Chile y China, en un contexto de tensión geopolítica por la conectividad digital en el Pacífico Sur.

El embajador Judd había manifestado el pasado 12 de febrero en la red social X su preocupación por los planes de construir cables submarinos chinos «redundantes», cuando Chile ya cuenta con el Cable Humboldt, impulsado por la estatal Desarrollo País y la multinacional Google.

Este proyecto, firmado en julio de 2025, constituye el primer cable submarino de fibra óptica en cruzar el Pacífico Sur y conectar Sudamérica con Asia y Oceanía, lo que ha generado debate sobre seguridad de datos e infraestructura crítica.

La Cancillería chilena enfatizó en un comunicado que «rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países», al tiempo que condenó «la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país».

El Departamento de Estado estadounidense sostuvo que «seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionalmente para desestabilizar nuestro hemisferio».

El episodio se enmarca en un momento de transición política en Chile, ya que Boric traspasará el poder el próximo 11 de marzo al ultraderechista José Antonio Kast, considerado un aliado de Trump. Pese a las diferencias, el Gobierno chileno mantuvo que las relaciones con Washington deben basarse en el respeto mutuo y la cooperación estratégica.

EN ESTA NOTA: