El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calificó los acontecimientos vividos en la frontera como la emergencia más grave de la historia reciente de la región, señalando de forma directa que la llegada de más de 60.000 personas fue una acción «orquestada, favorecida o permitida» por las autoridades del Reino de Marruecos.

Vivas denunció que la maniobra de Rabat trasciende una crisis migratoria común, al constituir el uso deliberado de seres humanos como mecanismo de presión diplomática sobre España y la Unión Europea.

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El mandatario enfatizó que la frontera no puede quedar expuesta a la incertidumbre permanente sobre las decisiones unilaterales de Rabat de abrir o cerrar los controles a conveniencia.

Ante el dramático saldo de al menos 90 personas fallecidas en el mar, Vivas exigió al Gobierno central y a las instancias europeas una postura firme que demande respeto a la soberanía e integridad territorial, argumentando que las acciones recientes evidencian la falta de fiabilidad del régimen marroquí en el cumplimiento de los compromisos bilaterales.

Drama en Ceuta golpea a pobladores locales y migrantes marroquíes

La marea humana desencadenada en la frontera sur generó un impacto profundo en las comunidades de ambos lados del límite territorial, afectando tanto a los habitantes de Ceuta como a las miles de personas provenientes de Marruecos.

La entrada masiva de cerca de 73.000 personas en una urbe que cuenta con una población habitual de 83.000 habitantes provocó una parálisis casi total de la vida cotidiana, el comercio y los servicios locales, sumiendo a la ciudadanía ceutí en un ambiente de constante zozobra e inseguridad ante la falta de recursos para gestionar la contingencia.

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Por otro lado, la crisis expuso el drama humano de la juventud y las familias marroquíes, impulsadas a arriesgar sus vidas en el mar debido a las precarias condiciones socioeconómicas, la falta de oportunidades y la represión interna en su propio país.

Esta instrumentalización por parte del régimen alauita dejó un saldo irreparable de muertes, mientras se calcula que cerca de 5.000 personas permanecen en las calles de la ciudad en situación de extrema vulnerabilidad.

Ante este escenario, las autoridades locales instan a ejecutar procedimientos legales inmediatos de devolución a través del paso del Tarajal, aplicando la normativa europea para evitar que la población civil continúe pagando el costo de las tensiones geopolíticas.

Al respecto, días previos el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió durante un acto público que la región «no ha recuperado» la normalidad tras la entrada masiva de personas desde Marruecos, asegurando que la contingencia en el límite territorial «sigue abierta».

Acompañado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Vivas señaló que, aunque las autoridades valoran el inicio de los procedimientos de repatriación, la presencia de miles de personas en las calles mantiene un ambiente de marcada inquietud y preocupación entre la población local.

Por la persistencia de la tensión en la zona fronteriza, el mandatario regional insistió en la necesidad imperiosa de «culminar» el proceso de retorno de todas las personas que ingresaron de manera irregular.

Asimismo, Vivas reclamó al Ejecutivo central el mantenimiento de la totalidad de los dispositivos de seguridad y de las Fuerzas Armadas desplegados en la urbe, argumentando que la permanencia de los efectivos resulta indispensable para garantizar la tranquilidad de los habitantes y la estabilidad de la ciudad autónoma.

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