El calendario electoral es irrealista y antidemocrático, denuncia la oposición haitiana
Organizaciones populares y partidos de izquierda afirman que no existen las condiciones políticas, técnicas ni legales para celebrar elecciones libres este año.
Pobladores de Haití protagonizan una marcha en el área de Hiche para denunciar el proceso electoral en curso. Foto: Mouvman Peyzan Papaye (MPP)
10 de agosto de 2026 Hora: 18:14
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«Estas elecciones no pueden llevarse a cabo en el contexto actual del país». Jean William Jeanty, exsenador y miembro de la coalición de izquierda Frente Patriótico Popular (FPP), es categórico al comentar el calendario publicado en julio por el Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití que fija la fecha del 13 de diciembre para la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales. Unos comicios que se han venido posponiendo desde hace más de cuatro años, en un contexto de crisis institucional sin precedentes, y cuya realización sigue siendo muy poco probable este año.
No faltan datos que indiquen que no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad, logística y circulación para el libre ejercicio de la democracia. Semanalmente se han producido conflictos armados en la capital y sus alrededores, y un millón y medio de refugiados internos, expulsados de sus barrios por la violencia, siguen lejos de sus hogares. Las principales carreteras del país están bloqueadas por las pandillas y el funcionamiento de las instituciones del Estado, así como de los hospitales, escuelas y universidades, ha sido intermitente o se ha suspendido.
La propia Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG), una operación militar lanzada en septiembre del año pasado por las Naciones Unidas, bajo presión de Estados Unidos, con el supuesto objetivo de restablecer la seguridad en el país, aún no ha dado ningún resultado concreto, ni siquiera una señal de optimismo para este año. Su plan de acción, presentado en junio ante el Consejo de Seguridad, establece el plazo de… septiembre de 2028 para «crear las condiciones mínimas de seguridad» que permitirían el retorno del estado de derecho.
En ese contexto, el calendario electoral defendido por el Gobierno no parece más que una estrategia para ganar tiempo y mantenerse en el poder, frente a una comunidad internacional de la cual se espera que pague la cuenta. Porque el cumplimiento de la agenda electoral depende también de un financiamiento externo para cubrir su presupuesto, estimado en 120 millones de dólares. Un motivo más de indignación por parte de la oposición: ¿cómo garantizar la soberanía popular y nacional si el país necesita una «ayuda» imperialista para hacer frente a sus procesos democráticos?
La población al margen del proceso
Sería un eufemismo decir que la población haitiana no está muy entusiasmada con la perspectiva de nuevas elecciones. Hace tiempo que la política institucional, constantemente acosada por las intervenciones extranjeras o por la corrupción de la élite del país, no despierta mucho entusiasmo. Las últimas elecciones generales se celebraron en 2016. En ese momento, solo el 18 % de los votantes acudió a las urnas y el presidente Jovenel Moïse fue elegido con poco más de 500.000 votos, dentro de una población de 11 millones. Cabe mencionar que, cinco años después, fue asesinado por mercenarios extranjeros.
Este año, como parte de la agenda electoral, el CEP anunció que todos los electores tendrían que inscribirse en el registro electoral para poder votar en diciembre (incluso los que ya estaban inscritos y votaron en las últimas elecciones). Un requisito que, una vez más, contrasta con la realidad actual del país, donde el solo hecho de desplazarse a un centro electoral puede presentar un riesgo para la vida.
«Haití tiene entre 6 y 7 millones de votantes potenciales», explica Jeanty. «Actualmente, tenemos alrededor de 4.000 personas que se inscriben cada día [en el registro]. El plazo para inscribirse es de 85 días. Esto significa que, si seguimos a este ritmo, ¡solo 340.000 ciudadanos tendrán su cédula en manos cuando termine el plazo! ¿Van a querer celebrar las elecciones con solo 340.000 votantes? ¡La verdad es que la población no está interesada!»
Desde el punto de vista de los partidos políticos, la situación es más compleja. Nada menos que 320 partidos se han inscrito para participar en estas elecciones. Están organizados en 18 plataformas (o federaciones). Sin embargo, pocos representan a la izquierda, ya que la mayoría de los partidos del campo popular se negaron a participar en lo que denuncian como una mascarada democrática.
«No sirve de nada apresurarse a celebrar unas elecciones en las que no hay ninguna posibilidad de que la gente decida algo. Esa no es la prioridad. Necesitamos encontrar soluciones a los problemas de seguridad, desempleo, crisis, justicia… La prioridad de la sociedad, hoy, es restablecer la paz, organizar un diálogo verdadero, para que el país pueda valerse por sí mismo», insiste Jeanty, quien también fue uno de los impulsores de la creación del Movimiento de Resistencia Patriótica.
Lanzado a nivel nacional a principios de agosto, dicho movimiento reúne a partidos políticos progresistas, sindicatos, organizaciones campesinas, feministas o sociales, comprometidos a definir un nuevo proyecto para el país, a partir del trabajo de base, y en contra del proyecto de neocolonización implementado por el Gobierno a través de una falsa democracia.
El cuadro jurídico
Además de las dudas políticas y logísticas que ha suscitado el calendario electoral, el propio contexto jurídico de la elección presenta un sinfín de contradicciones. En primer lugar, porque la presión política ejercida por el Gobierno de facto sobre el Consejo Electoral Provisional ya ha sobrepasado los límites de la independencia de este último, lo que también ha despertado una amplia indignación en la esfera política.
«A través del control de los mecanismos financieros, administrativos y de seguridad, el Ejecutivo ejerce una presión constante sobre los miembros del CEP», expresó el grupo de la Oposición Progresista (Centrista) en una carta dirigida al propio Consejo Electoral Provisional. «Los intentos de independencia de algunos consejeros se topan rápidamente con amenazas de destitución o marginación, lo que consagra la preeminencia de un Ejecutivo omnipotente sobre el árbitro electoral».
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Otro elemento de incoherencia democrática es la intención de realizar, junto con las elecciones generales, un referéndum constitucional que modificaría las instituciones del país. Aún se desconoce el contenido de esas alteraciones, pero, en rigor, el propio resultado del referéndum podría anular el de las elecciones. No tendría sentido, por ejemplo, elegir diputados y senadores y, el mismo día, votar un proyecto constitucional que cambiaría la composición y las atribuciones de la Cámara y del Senado.
Por último, es imprescindible abordar el tema crucial del voto de la diáspora, que se encuentra completamente apartada de este proceso electoral. Se estima que entre dos y tres millones de haitianos viven en el extranjero, y que aportan alrededor del 25 % del PIB a través de las remesas. Sin embargo, la planificación de la CEP no prevé ningún dispositivo de votación en embajadas, consulados o a distancia para garantizar el derecho de estos ciudadanos.
En un comunicado de prensa, el colectivo Nou Bouke, que reúne a haitianos de la diáspora de diversos países, considera «escandalosa» la idea de celebrar elecciones en el contexto actual y sin la participación de la diáspora. «Excluir del proceso electoral a millones de haitianos que contribuyen cada año a la supervivencia económica del país representa una injusticia inmensa y un verdadero ataque a la democracia. Dicha exclusión lleva a cuestionar la representatividad del escrutinio y la legitimidad de los futuros elegidos».
Autor: teleSUR - cd- JDO
Fuente: Cha Dafol
