Brasil: Maranhão registra en un mes más comunidades afectadas por agrotóxicos que en todo 2025
La Red de Agroecología de Maranhão denuncia una «guerra química» mediante el uso de drones para expulsar a familias campesinas y pueblos tradicionales de sus territorios.
La alcaldía de Bacabal suspende el uso de drones y aviones para riego de plaguicidas tras confirmarse daños severos a la salud pública y al medio ambiente. Foto: EFE verde.
13 de marzo de 2026 Hora: 15:14
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Un informe de la Red de Agroecología del estado brasileño de Maranhão reveló que solo en enero de 2026 se registraron 142 comunidades afectadas por plaguicidas en 16 municipios del estado. Esta cifra supera alarmantemente el total de 122 casos reportados durante todo el año anterior, evidenciando una escalada en el uso de químicos para favorecer el avance de los monocultivos.
La organización describe la situación como una verdadera guerra química donde se utilizan aviones y drones para dispersar veneno sobre territorios habitados por pueblos indígenas y quilombolas. Según los expertos, estas fumigaciones buscan destruir la agricultura familiar y forzar el abandono de las tierras tradicionales para dar paso a la producción industrial de soja.
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A pesar de las elevadas tasas registradas, la Red advierte que el número real de afectados podría ser mucho mayor debido al miedo generalizado a denunciar represalias violentas. Los productores suelen realizar las fumigaciones durante la noche para evitar ser identificados, dificultando la recolección de pruebas por parte de las autoridades y de los propios agricultores afectados.
En el municipio de Bacabal, el caso de la aldea Pau D’Arco do Igapó cobró relevancia nacional tras la intoxicación de varios agricultores y la pérdida total de sus cultivos frutales. Las víctimas relataron cómo el veneno rociado por drones destruyó su sustento diario y causó síntomas graves de salud, dejando un rastro de devastación en los árboles de la comunidad.
Ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Bacabal, José Roberto Costa Santos, firmó el Decreto 1.016/2026 que declara una situación de riesgo sanitario y ambiental en el municipio. Esta medida suspende de forma inmediata cualquier actividad de fumigación aérea de pesticidas hasta que se complete un proceso legislativo que garantice la protección de las zonas rurales.
Las denuncias han sido elevadas ante la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir justicia. La Secretaría Municipal de Medio Ambiente iniciará inspecciones técnicas e investigaciones administrativas para sancionar a los responsables de estas actividades contaminantes que amenazan la vida y el agua en la región.
Autor: teleSUR: alr - RR
Fuente: Brasil de Fato
