Desde el ente enfatizan que la policía, de acuerdo con videos de la propia protesta, se ve “plantando armas y dejando patrulleros abiertos para que agentes infiltrados los dañen, con la intención de justificar un accionar ilegal”.

La Asociación Argentina de Juristas repudió este jueves la represión por parte del Gobierno de Javier Milei a las protestas de jubilados y jubiladas que se lleva a cabo en las calles de Buenos Aires.

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Catalogando la respuesta de la Casa Rosada como “criminal”, el texto de repudio del ente argentino resalta que las protestas de jubilados y jubiladas ocurre bajo el amparo “del marco del constitucional ejercicio del derecho a la protesta”, acotando que la manifestación se desarrolla de “forma absolutamente pacífica”.

“Sin embargo, la intervención de las fuerzas de seguridad generó gravísimos hechos de violencia represiva, avanzando sobre los manifestantes con infantería, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma”, precisa el texto.

Asimismo, desde el ente enfatizan que la policía, de acuerdo con videos de la protesta, se ve “plantando armas y dejando patrulleros abiertos para que agentes infiltrados los dañen, con la intención de justificar un accionar ilegal”.

Por otro lado, el comunicado oficial detalla que entre el armamento usado por las autoridades figuran “armas disuasorias como letales, como en el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien recibió un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza y se encuentra en riesgo de vida.

Asimismo, recalca que también se han registrado imágenes que “golpes en la cabeza a personas mayores que hoy están en situación crítica”.

La Asociación Argentina de Juristas acota en el comunicado que hasta la fecha “el saldo de la represión es de aproximadamente 12 heridos de diversa gravedad”.

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“Además, se reportó una “cacería” de manifestantes que culminó con la detención arbitraria de cerca de 150 personas, quienes fueron excarceladas por resolución de la Jueza Penal Contravencional y de Faltas de la CABA, Karina Andrade”, añade el texto.

Siguiendo esa línea, la Asociación subraya que “especial repulsa merece la amenaza del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien ha señalado a la jueza Andrade por posible incumplimiento de funciones”.

El ente remarca que ese acto, al que catalogan de “irrespeto al Sistema Social y Democrático de Derecho”, tiene como objetivo “presionar a la magistrada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Consta que la mayoría de los detenidos eran manifestantes pacíficos, incluso transeúntes, entre los que había profesionales, estudiantes, trabajadores, periodistas y docentes. La jueza Andrade dispuso hacer valer el principio de inocencia, sin perjuicio de las investigaciones posteriores”, se lee en la denuncia.

Reiterando su postura de rechazo, el ente argentino insistió en que los actos de represión a la protesta constituyen “una grave violación de los derechos humanos”.

Al respecto, agrega que “estas libertades están garantizadas por la legislación nacional y tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“El Estado argentino debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de su población. Sin embargo, las fuerzas de seguridad bajo las órdenes de Patricia Bullrich representan una amenaza a la población civil, promoviendo detenciones arbitrarias y actos de represión”, advierte la entidad de juristas argentinos.

Ante los episodios violentos de estos días, la Asociación “expondrá ante el Relator Especial de la ONU el grave caso de presión sobre la magistrada Karina Andrade”.

“Asimismo, exigimos al Estado argentino que cese las prácticas de represión y criminalización de la protesta social, y convocamos a la comunidad a reclamar la renuncia del ministro de Justicia y la ministra de Seguridad”, ultima el ente.

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