Una denuncia penal presentada ante la Justicia argentina expone un presunto esquema de corrupción por préstamos hipotecarios del Banco Nación a miembros del Gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza. La presentación judicial apunta a maniobras irregulares en el otorgamiento de créditos por casi 400 millones de pesos (más de 285 mil dólares) destinados a altos funcionarios.

El abogado Alejandro Díaz Pascual formalizó la acusación por los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles. La denuncia señala como responsables directos a Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y Juan Curuchet, exsupervisor del Banco Central.

El documento judicial detalla que las autoridades autorizaron operaciones financieras sin cumplir los criterios técnicos de evaluación de riesgo. Los préstamos se otorgaron en condiciones de mercado preferenciales, sin garantías suficientes ni capacidad de repago comprobada, lo que representa un perjuicio directo al patrimonio público.

Funcionarios beneficiados y montos

La investigación identifica un patrón de decisiones arbitrarias que favorecieron a figuras clave del entorno económico del Ejecutivo. Entre los beneficiarios directos aparece Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien recibió 373 millones de pesos, aproximadamente 350.000 dólares en febrero de 2025.

Asimismo, la denuncia señala a Federico Furiase, actual secretario de Finanzas. El funcionario obtuvo un crédito hipotecario de 367 millones de pesos, cercano a 276.000 dólares en agosto de 2025, periodo en el que se desempeñaba como director del Banco Central.

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El listado incluye a Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de la estatal YPF, quien accedió a un financiamiento de 302 millones de pesos, alrededor de 211.000 dólares en octubre de 2025. Finalmente, Juan Pablo Carreira, vinculado a la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, recibió un crédito por 112 millones de pesos, equivalente a unos 77.000 dólares en diciembre de ese mismo año.

El mecanismo de financiamiento bajo sospecha operó mediante la aprobación de préstamos sin análisis crediticio adecuado y la omisión de controles internos. La denuncia subraya la existencia de vínculos directos entre los beneficiarios y los directivos del banco que aprobaron las carpetas.

Consultados sobre el caso, voceros del Banco Nación informaron que realizarán las presentaciones judiciales correspondientes. El caso escala en un contexto de fuerte ajuste económico, donde el manejo discrecional de recursos estatales por parte de la administración de La Libertad Avanza queda bajo escrutinio público.

El otorgamiento de créditos millonarios a funcionarios ocurre en un contexto crítico para la economía argentina. Por primera vez en dos décadas, el saldo de la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó un signo negativo, según datos del Banco Central (BCRA) y el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF).

Las estadísticas confirman un escenario de desinversión marcado por el repliegue de multinacionales y el cierre masivo de unidades productivas. Pese a las promesas del Ejecutivo sobre un ingreso masivo de divisas, el capital extranjero continúa retirándose del país.

Esta crisis de inversiones y fuga de divisas contrasta con la celeridad del Banco Nación para financiar a funcionarios del entorno presidencial. Mientras el aparato productivo pierde respaldo internacional, los recursos del Estado se concentran en beneficios para la cúpula gubernamental.

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