Los movimientos sociales que están en la primera fila en la lucha contra el hambre, en un país donde hay 27 millones de pobres, realizaron 500 cortes y bloqueos en todo el territorio en reclamo de alimentos para sus comedores.

LEA TAMBIÉN:

El futuro de Julian Assange

Organizaciones barriales, independientes, campesinas, de izquierdas o vinculadas al peronismo a cargo de unos 44.000 comedores populares, se movilizaron en unidad en reclamo de alimentos.

Señalan que cada vez atienden a más familias debido a los altos índices inflacionarios, la devaluación y una recesión que hace que sea cada vez más difícil encontrar trabajo.

“El hambre no se tolera más”, relata el dirigente del Polo Obrero, Edgardo Mari, añadiendo que “hay una realidad que no se puede negar más, han desabastecido 44.000 comedores populares a lo largo y ancho del país”.

 

Se refiere a la decisión del Ministerio de Capital Humano de cortar el suministro de alimentos para comedores hasta que se finalice una supuesta auditoría, que según las organizaciones sociales, aún no ha iniciado.

“El sector más pobre, más humilde está pasando una situación muy crítica producto del brutal ajuste que está desarrollando este Gobierno que está cayendo sobre las espaldas del pueblo argentino”, describe a teleSUR el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo.

Según Gramajo, los pequeños comerciantes o trabajadores que antes acercaban donaciones a los comedores, ahora están recurriendo a ellos porque “no llegan a fin de mes. Se está empujando a millones de familia a que vuelvan a los basurales, a buscar comida podrida para que le entre comida a la panza, a ver a nuestros pibes nuevamente volver a chupar el cartón, a morder el cartón. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados bajo ningún punto de vista, vamos a desarrollar todas las acciones necesarias para impedir que nuestro pueblo se muera de hambre”.

Crece la conflictividad

“Hay niveles de conflictividad en ascenso si el Gobierno decide el camino del ‘no diálogo’, es un problema”, indica Gramajo.

Esta semana el sindicato ferroviario realizó una huelga de 24 horas que paralizó por completo el servicio de trenes. El jueves fue el turno de trabajadores de la sanidad y, en todo el país, los centros de salud atendieron sólo guardias mínimas y urgencias.

En tanto, los gremios docentes anunciaron para el próximo lunes 26 una medida de fuerza de 24 horas en momentos en que inicia el ciclo lectivo en varias provincias.

Reclaman la recuperación del poder adquisitivo de los salarios tras la devaluación del 50 por ciento definida por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la inflación que fue del 45 por ciento en los dos primeros meses del año.

Las medidas económicas tienen por objetivo sostener el “déficit cero”, objetivo que el presidente argentino Javier Milei ha impulsado sin medir consecuencias y a costa de los sectores medios y bajos de la población.

“El Gobierno festeja con amparado en un equilibrio fiscal con el hambre del pueblo”, señaló a teleSUR el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, “si yo a mi casa no llevo comida, lógicamente mi familia la va a pasar mal y yo no puedo festejar que tengo superávit entre ingresos y egresos”.

“Nos vamos a unir con otros sectores, incluso con sectores del movimiento obrero ocupado. Vamos hacia una gran asamblea nacional de ocupados y desocupados”, anticipó Belliboni.

La respuesta del Gobierno

Más allá de operativos de seguridad desmedidos, golpes y gas pimienta; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha decidido enfrentarse a las organizaciones sociales.

La ministra expresó este viernes que los alimentos irán directamente a los comedores para “terminar con la extorsión” de las organizaciones sociales.

Desde la cartera precisaron que la compra directa de alimentos secos destinada a comedores sólo representa un 4,2 por ciento de lo que el Estado invierte en política alimentaria, e indicaron que esta modalidad, “cuyos beneficiarios reciben los alimentos a partir de la intermediación de una organización social, cuenta con algunas desventajas, como la posibilidad de que la comida se pudra, se demoren los tiempos de entrega o haya falta de control en las entregas”.

Al respecto, Gramajo planteó que “si no quieren hablar con nosotros que vayan a los comedores, no tenemos ningún problema, pero tienen que resolverlo rápido; venimos porque vivimos la realidad en miles de barrios de la Argentina que están padeciendo esta situación y es criminal lo que están haciendo. No queremos otra cosa que resolver el problema”.

 

Pobreza en la era Milei

Esta semana, el Observatorio de la Pobreza de la Universidad Católica Argentina (UCA) emitió un informe que señala un aumento de 13 puntos en el índice de pobreza del país desde que asumió el actual Gobierno.

Según el estudio, la pobreza se elevó hasta un total del 57,4 por ciento, lo que equivale a decir que 27 millones de argentinos son pobres.

En tanto, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, estimó que el nivel de pobreza llegará a alrededor del 60 por ciento entre febrero y marzo.

La devaluación y la posterior disparada de precios de productos de la canasta básica fue uno de los puntos principales que llevaron a la presente situación.

A su vez, la pesquisa indicó un crecimiento exponencial en la situación de indigencia del país. En el tercer trimestre del 2023 el índice era del 9,6 por ciento, pasó a ser del 14,2 por ciento en diciembre y alcanzó el 15 por ciento en enero pasado.

Estas cifras significan que alrededor de 7 millones de personas no pueden cubrir sus necesidades básicas alimentarias.

En una entrevista otorgada a la prensa local, Salvia aseguró que «el argumento oficial está diciendo que nos está salvando para no llegar al 80 por ciento de pobres y piden a cambio que aguanten. Pero si esto le sale mal al Gobierno y el empeoramiento es mayor; el estallido social aparece».

EN ESTA NOTA: