Bolivia en 2016 ha sufrido una escalada de protestas conspirativas
El reciente asesinato del viceministro de Régimen Interior del gobierno boliviano, Rodulfo Illanes, durante protestas de cooperativistas mineros, sube el nivel de la violencia conspirativa de grupos sociales y pone en evidencia un plan para desestabilizar al país andino.
Illanes fue tomado como rehén por los mineros, cuando éste viajó hasta Panduro, a 186 kilómetros de La Paz, para tratar de dialogar con los manifestantes que han mostrado su férreo rechazo a una nueva ley aprobada por el mandatario boliviano, Evo Morales.
Fue capturado en horas de la mañana del jueves y posteriormente trasladado hasta el cerro conocido como "La Antena", desde donde fue "vejado, torturado y golpeado hasta morir", según precisaron autoridades como el ministro de Gobierno, Carlos romero.
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El presidente Evo Morales no tardó en expresar su repudio por el hecho, cuestionó el accionar de los cooperativistas y dijo no entender como personas podían agredir de esa manera a "un hermano".
El hecho que ha causado gran conmoción por haber terminado en otra lamentable muerte, pese a los llamados al diálogos realizados por el Gobierno de Bolivia, ha desvelado la capacidad agresiva de un sector que, a juicio de Morales, obedece a intereses políticos y no a luchas sociales.
Conozca más sobre la escalada de violencia y conspiración en contra del Estado boliviano.
Complot para desestabilizar
A inicios de 2016 el legislador oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS), Milton Barón, denunció la existencia de un plan intervencionista a la política interna y soberanía de Bolivia.
"Es un documento elaborado en Estados Unidos (EE.UU.) donde están todas las estrategias del imperialismo norteamericano para frenar el proceso de cambio en el país", arguyó el pasado 12 de enero el diputado, en referencia al Plan Estratégico para Bolivia, elaborado por los representantes de organizaciones afines al conservadurismo.
Según una publicación de Hispan TV, el documento fue preparado por el Instituto Interamericano de Democracia (IDD), la Fundación Internacionalismo Americano, y la empresa estadounidense de consultores FTI Consulting.
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De este modo, el 2016 comenzaba dando severos indicios de lo que se desarrollaría en el país durante el primer y segundo trimestre del año, en la que protestas de toda índole sacudieron la paz y la tranquilidad en Bolivia y que sirvieron de herramienta para que medios de comunicación hicieron "convulsionar" al país.
El plan ideado por las organizaciones se basaba en un pacto de la derecha en la nación e internacional con el propósito de restablecer el sistema neoliberal.
Esto fue denunciado además por analistas, que tras la elección de Mauricio Macri como presidente de Argentina, el proceso de Impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil y la guerra mediática y económica contra Venezuela, han denunciado la existencia de un nuevo Plan Cóndor en América Latina.
Guerra psicológica con apoyo de la prensa
Un mes después de las declaraciones del legislador, el ministro de Gobierno en Bolivia, Juan Ramón Quintana, denunció que EE.UU. suministraba fondos a la oposición en el país, con el propósito de instaurar una guerra psicológica y desacreditar la imagen de Morales, y así influir en la decisión del pueblo de cara a lo que fue el referendo del pasado 21 de febrero, donde se buscaba permitir la reelección del jefe de Estado.
Una de los argumentos presentados por Quintana, es que la institución National Endowment for Democracy (NED), dependiente de EE.UU., a espaldas del Estado, entregó en los últimos siete años 354 mil dólares a la Asociación Nacional de Prensa, integrada por medios opositores.
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La estrategia dio resultado. La consulta popular dio ventaja a la opción del NO a la reelección del jefe de Estado con 51,27 por ciento, sobre 48,73 del Sí. La diferencia apenas fue de 2,5 puntos.
El analista internacional, Juan Manuel Karg, indicó que la campaña de desinformación en Bolivia fue una plan coordinado por la derecha Latinoamericana para obtener un tercer triunfo sobre los gobiernos progresistas y de avanzada en la región.
Protestas de personas con discapacidad
Un grupo alrededor de un centenar de personas con diferentes discapacidades, llegó en el mes de abril a La Paz luego de recorrer casi 400 kilómetros. La movilización es tradicional en el país, pero este año en particular tuvo un tinte político bastante particular.
Tras su arribo, iniciaron una ola de protestas en las calles y acampes en el centro de la ciudad, tratando varias veces de trasladar sus manifestaciones hasta el palacio de Gobierno.
Su persistencia en ser protagonistas de acciones agresivas, le valieron importantes choques policiales, lo que fue aprovechado por medios de comunicación para difundir algunas escenas y presionar con ellas a las autoridades por una respuesta favorable al pedido de los protestantes.
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¿Qué pedían las personas con discapacidad?. Con las acciones de calle exigían un bono mensual por 500 bolivianos al mes (72 dólares) para cubrir sus necesidades, pero la solicitud fue negada por afectar las arcas públicas del país.
Las autoridades nacionales aclararon que la exigencia de un bono mensual es inviable porque significaría 6 mil bolivianos anuales por cada persona con discapacidad, monto que supera el presupuesto de al menos 4 gobernaciones de las principales ciudades del país.
En virtud de llegar a un acuerdo, Morales les propuso 42 beneficios para mejorar su calidad de vida y en principio se negaron al diálogo con las autoridades, amenazando con radicalizar la protestas y pedir el revocatorio del mandatario.
"Llegamos a acuerdos importantísimos en distintas áreas, como en salud, educación, empleo, vivienda, productividad, créditos y también en el fortalecimiento de las organizaciones que acogen a miles de personas con discapacidad", resumió el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
En mayo, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, aseguró que detrás de las medidas radicales del grupo de personas con discapacidad habían fines políticos.
"No entendemos qué pretenden con querer ingresar a plaza Murillo (de La Paz). ¿Piensan tomar Palacio de Gobierno? Todo indica que buscan generar un clima de desestabilización y violencia, y se ve que hay sectores que quieren aprovechar este movimiento", declaró en una conferencia de prensa.
Huelgas sindicales
Las protestas de este sector de la población, se extendieron por más de 60 días y se sumaron a los reclamos que mantenían en paralelo 180 ex trabajadores de la Empresa Nacional Textil (ENATEX), por el cambio en la naturaleza jurídica de la sociedad.
A mediados de junio de 2016 Bolivia se vio sacudida por una huelga de 72 horas convocada por la Central Obrera, encabezada por Enatex. La medida incluyó bloqueos callejeros y marchas en algunas ciudades, además de choques entre agentes y textileros en Cochabamba.
En La Paz, mineros, maestros, fabriles y trabajadores de salud bloquearon algunos tramos de las autopistas del país. El cese de actividades fue precedido por par de huelgas de 24 y 48 horas por la Central Obrera a principio de junio.
Marchas gremiales contra impuestos
En julio, el sector gremial anunció marchas pidiendo que atiendan sus demandas sobre el Código Tributario. Los transportistas se sumaron al reclamo y realizaron un paro indefinido con bloqueo de caminos desde el 18 de julio.
Los gremialistas pidieron que el Gobierno actualizara los valores del Régimen Simplificado de acuerdo a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), pues según ellos les generaba multas millonarias. Además el sector no estaba de acuerdo con los cambios en la condonación del porcentaje del pago de las deudas, ni la retroactividad de los pasivos.
Por su parte, los transportistas solicitaron que la prescripción del pago de los tributos fuese de cuatro años, además de poder presentar cualquier tipo de facturas en sus descargos, reposición del 30 por ciento de sus facturas de combustible y la abrogación de la deuda heredada.
El viceministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, convocó al sector a dialogar con el objetivo de evitar el bloqueo de las vías. Los bloqueos de los camioneros se extendieron a lo largo de 45 días y finalizaron con un acuerdo con el Gobierno. Se trató del paro más largo de la historia en Bolivia, liderado por este sector.
El presidente Evo Morales, en conferencia de prensa, afirmó que hubo intenciones políticas detrás de las movilizaciones que realizó el transporte pesado en el país, “Puedo entender que este bloqueo tiene un carácter político y no de reivindicación económica. Lamentablemente tiene que haber penalidades para algunos que son irresponsables con los impuestos”, afirmó el jefe de Estado.
Morales pidió a la dirigencia del sector ser responsable con sus afiliados y criticó que estas movilizaciones van en contra ruta a las gestiones que realiza el Gobierno para mejorar las exportaciones.
El turno de los mineros
En agosto, los mineros se sumaron a los grupos que, alegando mejoras "sociales", promovieron el caos en la nación.
Durante tres días se realizaron los bloqueos con mayor insistencia, impulsados por la convocatoria de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) en demanda de atención a un pliego que inicialmente tenía 10 puntos y que luego pasó a 24.
Entre las demandas de los cooperativistas se encuentra la autorización para firmar contratos de asociación con privados, dejar de lado la fiscalización por daños al medio ambiente, entrega de nuevas áreas de explotación y rechazo a la sindicalización en el gremio.
El pasado 23 de agosto arrancaron su paro no solo en exigencia del pliego, sino de la liberación de 10 mineros recluidos en el penal de San Pedro, tras ser partícipes de una serie de protestas.
Al menos 2 mil cooperativistas se concentraron este día, en el que además la policía decomisó dos vehículos cargados de explosivos y reportó un uniformado herido a raíz de la explosión de una dinamita.
En el segundo día consecutivo del bloqueo, el Gobierno llamó nuevamente a los mineros a retomar el diálogo y a levantar la medida. Pero esto no ocurrió y 43 cooperativistas fueron detenidos, la mayoría por portar dinamita y otros elementos explosivos.
En tanto, el 25 de agosto persistían los bloqueos y los choques. El viceministro de Régimen de Interior, Rodolfo Illanes, fue secuestrado por los manifestantes, amenazado, torturado y golpeado hasta morir.
De acuerdo con el reporte de ese día, 43 cooperativistas estaban detenidos y 200 funcionarios policiales fueron heridos. Por ello, el presidente de Bolivia solicitó investigar el trasfondo de las protestas, pues también se registraron dos mineros fallecidos durante los hechos.
Consideró el mandatario que no hay reclamos sociales tras las manifestaciones y se mostró sorprendido por lo ocurrido a Illanes, pues aseguró que las acciones violenctas del sector evidencia que la movilización no es pacífica y carece de ánimos de "dálogo".
Sostuvo que las cooperativas mineras piden que los nuevos contratos que firmen no vayan a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y “eso no lo podemos hacer porque la explotación de recursos naturales no renovables tiene que ser aprobada por el Legislativo, tanto en hidrocarburos como en minería”.