Organizaciones sociales, de derechos humanos, étnicas, campesinas y populares al Mecanismo de la Veeduría y Verificación presentaron recientemente el primer informe sobre la situación de derechos humanos tras 50 días del cese bilateral del fuego entre el Gobierno de Colombia y el ELN.

El documento evalúa cinco temas relevantes para el movimiento social:

1. Violaciones al derecho a la vida y la integridad personal 

Durante estos 50 días se registraron 45 homicidios (6 mujeres y 39 hombres). La mayoría de los afectados han sido comunidades indígenas y campesinos de los departamentos de Nariño (Tumaco), Meta (Mesetas y Villavicencio), Chocó (Río Sucio y Alto y Medio Baudó); Cauca (Cajibío, Páez y Puracé); Antioquia (Briceño, Medellín y Taraza) y Valle del Cauca (Cali y Jamundí).

De esta cifra, 10 excombatientes (milicianos de las FARC) perdieron la vida, seis de ellos en una masacre.

Unas 35 personas recibieron amenazas individuales mientras que 25 colectivos fueron intimidados, la mayoría de ellos defensores de derechos humanos, integrantes de la oposición política e indígenas.

2. Situación de los defensores de DD.HH. y líderes sociales

Del 1 a 20 de octubre, 18 defensores de derechos humanos y líderes sociales (cuatro mujeres y 14 hombres) fueron asesinados. La mayoría eran luchadores en zonas rurales, 27 por ciento pertenecían a comunidades campesinas. 

La mayor parte ocurrieron en los departamentos de Cauca, Bogotá, Caldas, Putumayo, Nariño y Risaralda. Asimismo, 28 recibieron amenazas individuales, nueve resultaron heridos, seis sufrieron atentados y tres detenidos arbitrariamente. 

3. Tratamiento a la protesta social

En ese período se realizaron varias jornadas de protesta y movilizaciones por parte de pueblos indígenas y afrodescendientes; comunidades campesinas y pobladores urbanos en varios departamentos colombianos. 

El común denominador durante estas acciones de protesta fue la represión por parte de las fuerzas de seguridad pública, la estigmatización, persecución e incumplimiento del Gobierno de los acuerdos suscritos con las comunidades. 

Entre las principales denuncias destacaron el uso de armas letales, disparos contra los mingueros, así como el uso de armas no convencionales por parte de las fuerzas de seguridad. 

En este tiempo se registraron más de 129 víctimas de agresiones en el contexto de la represión a la protesta social. De estas, 90 resultaron heridas, 9 fueron asesinadas y 14 recibieron amenazas individuales. Estas agresiones ocurrieron en los departamentos de Cauca, Nariño, Caldas, Valle del Cauca y Norte de Santander.

4. Crisis en el sistema carcelario 

Hacinamiento, falta de cobertura de salud, inadecuada alimentación, precaria infraestructura y un sistema de control represivo violan los derechos fundamentales de la población carcelaria. Organizaciones denuncian violencia institucional desplegada contra esta población tales como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Durante el período estudiado, 84 personas privadas de la libertad fueron víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes, así como amenazas; 79 de ellas en la cárcel Picota de Bogotá y el resto en las cárceles de Jamundí en Valle del Cauca y Pedregal en Antioquia.

5. Continuidad del paramilitarismo

En 50 días, se atribuyen 25 víctimas en acciones perpetradas por grupos paramilitares, de ellas ocho perdieron la vida, dos resultaron heridas, 15 recibieron amenazas individuales y 15 amenazas colectivas. 

Los municipios de El Bagre, Ituango y Nechi, del departamento de Antioquia, en los municipios de Riosucio Chocó y en el municipio de Tumaco, Nariño, entre otros, fueron los más afectados.

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