La Defensoría del Pueblo de Perú exigió este viernes a la multinacional energética Repsol, y a las autoridades estatales, un plan de acciones inmediatas para contrarrestar las afectaciones, tanto económicas como ambientales, generadas tras el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero.

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En este sentido, el ente recalcó la necesidad de acelerar las actividades de higienización en las áreas afectadas por el crudo, puesto que a tres meses del accidente, ninguna de las playas está declarada oficialmente como limpia.

"Resulta sumamente preocupante que aún no se haya concluido con la limpieza de las zonas marino-costeras afectadas, agravando dicha situación la identificación de zonas que presentan rastros de petróleo y no cuentan con personal para realizar dicha labor", precisó la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, indicó que se desconoce el total de actividades económicas interrumpidas y las pérdidas para las familias residentes de la región, a consecuencia del derrame.

El ente añadió que el hecho influyó negativamente en los locales que desarrollaban negocios vinculados con la pesca artesanal, acuicultura, turismo, comercio, transporte de mercaderías, entre otras.

La adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Lissette Vásquez, precisó que se identificaron cerca de 900 especímenes muertos, incluso de especies en peligro de extinción.

En marzo pasado, Repsol acordó con el Gobierno peruano entregar una indemnización, equivalente a 3.000 soles (805 dólares), a los pescadores y comerciantes afectados.

No obstante, hasta la fecha, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú ha impuesto un total de cinco multas a Repsol, por un total de 2,3 millones de soles (615.000 dólares), al incumplir cinco de las 16 medidas administrativas dictadas, entre ellas, la identificación de las zonas afectadas por el derrame.