Los atropellos contra la comunidad mapuche en la provincia de Chubut, Argentina, prosiguieron este miércoles, y dejaron como saldo varios heridos y desaparecidos, consecuencia de la represión de los efectivos de Gendarmería, Policía y otros cuerpos represivos.

El nuevo episodio sucedió mientras la comunidad de Cushamen continuaba bajo el estupor de los dos allanamientos que había sufrido el martes. En ambos operativos, medió la violencia. Pobladores de la zona fueron golpeados, esposados y arrastrados de los pelos; sus casas rotas, sus animales secuestrados y muertos. 

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Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado estas acciones. “La orden emitida (por parte de la Justicia) no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en un comunicado difundido. 

"No vamos a dejar que nos saquen, antes nos prendemos fuego de aca salimos vivos o muertos", expresó uno de los líderes comunitarios.

Los mapuches pertenecen a la comunidad LOF en Resistencia del Departamento de Cushamen, y mantienen una disputa desde hace dos años con la multinacional Benetton, por la recuperación de sus tierras en manos de esa empresa.

En marzo del año 2015 varias familias de la zona recuperaron áreas de una de las estancias de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, que desde la década del 90 pertenece al empresario italiano, Luciano Benetton, quien posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia argentina.

En aquella oportunidad, mediante un comunicado público la comunidad sostuvo que “la única manera de frenar el asesinato planificado desde el poder económico y del Estado, es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”. La respuesta del magnate extranjero fue denunciarlos penalmente por usurpación, y desde entonces las amenazas e intentos de desalojo fueron permanentes.

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Recientemente, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó despejar las vías de La Trochita mediante un importante despliegue de gendarmes. A la vez, en simultáneo con el procedimiento de Gendarmería, la policía provincial allanó el Lof por orden del juez José Colabelli (que fue destituido en 2004 por el Consejo de la Magistratura debido a su actuación en el desalojo de la comunidad Fermín en Vuelta del Río y restutido en 2010 por la Corte Suprema provincial), por presunto abigeato (hurto de ganado).

El diario Página 12 señala que los acontecimientos que se viven en Cushamen vuelven a poner sobre la mesa la violencia y represión que sufren los pueblos indígenas en manos de fuerzas de seguridad que protegen los intereses de los grandes terratenientes y empresas multinacionales.