¿Impide el paramilitarismo la paz en Colombia?
De acuerdo al analista colombiano Carlos Medina Gallego la existencia de grupos paramilitares es uno de los principales obstáculos para la consolidación del proceso de paz colombiano.
En entrevista para teleSUR, Medina Gallego reconoció que la mayoría de los asesinatos a líderes sociales en Colombia han estado vinculados a acciones de grupos paramilitares en algunas zonas que se encontraban bajo el control del exgrupo guerrillero FARC-EP, ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Gallego advirtió que en parte los hechos ligados al paramilitarismo han puesto en evidencia la falta de garantías por parte del Estado Colombiano a líderes sociales y a exinsurgentes, situación que ha sido denunciada por diferentes organizaciones de derechos humanos.
Paramilitarismo en Colombia
La presencia del paramilitarismo en Colombia inició a mediados de la década de los años 50 del siglo XX. En esa época surgen como el resultado de una práctica política de las élites colombianas para afianzarse en el poder.
Especialistas en el conflicto, como Carlos Medina Gallego y Álvaro Villaraga, explicaron que el Estado colombiano asumió como política contrainsurgente el formar, entrenar, armar y utilizar a organizaciones armadas clandestinas contra aquellos que podrían considerar sus "enemigos".
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Desde el momento en que los grupos paramilitares emergen en medio del conflicto en Colombia, la violencia alcanza unas cotas históricas.
Los analistas indicaron que los paramilitares fueron considerados por los Gobiernos colombianos como aliados contra la subversión, inclusive que su articulación ha estado estrechamente ligada a altos mandos militares y políticos colombianos.
Desde finales de la década de los 90 los paramilitares se convirtieron en la estrategia principal en la guerra asimétrica del Gobierno colombiano contra diferentes grupos insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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En años recientes, el paramilitarismo vio ampliado su rango de acción, esto es atribuido por investigadores especializados en el conflicto al auspicio del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien lo habría institucionalizado en su gestión de Gobierno como una política de Estado.
La guerra adelantada por el Estado contra los grupos insurgentes en Colombia fue canalizada a través de técnicas paramilitares que, además de atacar a organizaciones como las FARC y el ELN, arremetió en contra de la población civil que pudiesen considerar como base social de la subversión, por lo cual los blancos de sus masacres y asesinatos selectivos han sido desde entonces líderes sociales, campesinos y la población rural en general.
El paramilitarismo como obstáculo para la paz
Durante la entrevista Medina Gallego indicó que la erradicación de la violencia en Colombia pasa necesariamente por la desarticulación de los grupos que el mismo Estado usó como herramientas en el combate contra la insurgencia, algo que se resaltó en los diálogos de paz realizados entre el Gobierno colombiano y las FARC en el 2016.
Uno de los puntos de acuerdo y garantía para evitar la perpetuación de la violencia en Colombia fue la proscripción de los grupos paramilitares, en tal sentido el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley en el cual "se dictan posiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado".
Sin embargo la lucha en contra de estos grupos contrainsurgentes no ha avanzado como se esperaba, el Gobierno colombiano ha incumplido parte de los acuerdos suscritos con el ahora partido político FARC, y no ha desempeñado una labor orientada a desarticular el paramilitarismo.
En un reciente estudio realizado por la organización Front Line Defenders, se estimó que el 30 por ciento de los asesinatos contra defensores de derechos humanos durante el 2017 tuvieron lugar en Colombia.
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Estos asesinatos fueron cometidos con el agravante de que las víctimas ya habían sido amenazados por los grupos paramilitares, sin obtener una respuesta del Estado para garantizarles el derecho a la vida.
Durante el pasado año se asesinaron el Colombia al menos 90 líderes sociales y el estudio de Front Line Defenders señaló “la responsabilidad estatal por omisión en los crímenes de defensores de derechos humanos”.