El ministro de Energía de Argentina, Juan José Aranguren, no logra convencer ni a los legisladores, ni a la población del porqué del alza de las tarifas en los servicios básicos de agua, luz y gas.

Pese a su "larga y candente" audiencia especial en el Congreso, en una sesión conjunta de 114 legisladores de cuatro comisiones (la de Presupuesto y Hacienda, la de Defensa del Consumidor, la de Obras Públicas y la de Energía), en la que intentó defender el tarifazo de Mauricio Macri; Aranguren fue duramente cuestionado por todo el sector opositor.

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El ministro de Energía, en sus explicaciones, señaló que los incrementos de hasta 2 mil 200 por ciento del gas en algunas provincias "fue hecho de la forma más gradual que nos permitía la pesada herencia" que supuestamente dejó el Gobierno anterior, al cual además señala como responsable de las políticas que la actual administración ejecuta.

"No nos tome por pavotes (estúpidos)", acusó Camaño.

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Al término de sus exposición, los diputados de la oposición lo interpelaron. La legisladora del Frente Renovador, Graciela Camaño, por ejemplo, le exigió los estudios que su ministerio debió hacer antes de aplicar el tarifazo. Asimismo, le reclamó por firmar un aumento de gas y petróleo que solo favorecieron a la empresa Shell, de la que él mismo es accionista, por lo que hasta pudo obtener beneficios personales con esa política.

"Si no sabe el costo, ¿cómo sabe cuánto cobrar?". interpeló Gioja. 

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El exgobernador de San Juan y presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, por su parte, le preguntó a Aranguren el costo del millón de BTU (British Thermal Unit, unidad de energía) de gas en boca de pozo, para de este modo compararlo con lo que la industria le cobra a los usuarios. El ministro, sin embargo, evadió la respuesta: "Me resisto a contestarle", exclamó.

A la espera del CSJ

La administración de Mauricio Macri espera la sentencia que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expedirá este jueves sobre los tarifazos, luego de los fallos judiciales que lograron frenar la medida. Desde entonces, el Gobierno emprendió un campaña de terror sobre las consecuencias negativas que se generaría si el máximo tribunal desaprobaba los aumentos. 

En esa ofensiva pública el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, advirtió que si el CSJ suspende los tarifazos, está obligando al Gobierno a "congelar los pagos por obras públicas y 30 mil obreros perderían su trabajo". Prat Gay agregó que el Ejecutivo también se vería forzado a tomar más deuda. Pero cabe acotar que pese al aumento de las tarifas, el Gobierno no deja de adquirir deudas y ya emitió el equivalente a 50 mil millones de dólares desde diciembre.

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La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por su parte, indicó que "si la Corte va contra el aumento, se perdería la tarifa social". Pero si se volviera a cómo estaban las cosas antes del aumento, la tarifa social sería mínima porque los subsidios ayudarían.

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitirá su opinión respecto este miércoles. Con ello, el máximo tribunal contará con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre el alza de los precios en las tarifas de los servicios públicos. Medios locales ya han señalado que Garbó se manifestará en favor de anular el aumento del gas hasta tanto se concreten las audiencias públicas previstas legalmente. También se expresará sobre la necesidad de tener en cuenta los "derechos de los usuarios", los cuales están en peligro por la "exorbitancia" de la suba.

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