La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron los asesinatos de activistas brasileros con un promedio de uno por semana en los últimos quince años.

Los enviados especiales de la ONU sobre los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, Michel Forst y John Knox expresaron que en "Brasil se ha visto el mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente y de la tierra de cualquier país del mundo".

Francisco Eguiguren Praeli, presidente de la CIDH sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se sumó a la denuncia y criticó que Brasil "está considerando debilitar" la protección institucional y jurídica para los pueblos indígenas, en vez de reforzarla.

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Los expertos en temas de derechos humanos mencionaron que el caso más alarmante es el informe aprobado por una comisión del Congreso de Brasil solicitando a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) se despoje de responsabilidad legal de titulación y demarcación de tierras indígenas.

"Estamos particularmente preocupados acerca de los procedimientos de demarcación futura, así como sobre las tierras indígenas que ya han sido demarcadas", precisaron.

Asimismo, se sienten preocupados por las denuncias contra antropólogos, líderes indígenas y defensores de derechos humanos que trabajan en favor de estas comunidades. 

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El informe parlamentario presentado también recomienda al Gobierno de Temer que se retire del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a pueblos indígenas y tribales.

Según el Congreso, este convenio "manipula el reconocimiento de pueblos indígenas inexistentes con el fin de ampliar las tierras indígenas en Brasil".

Por su parte, Victoria Tauli Corpuz indicó que las comunidades visitadas en una misión oficial en 2016 sufrieron ataques.