La creciente ola de manifestaciones en Argentina logró la liberación del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro (sur), Rodolfo Aguiar, cuya detención fue calificada por activistas de derechos humanos, como otro caso más de criminalización de la protesta. 

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Aguiar estuvo detenido al menos 11 horas en la comisaría de General Roca de la capital, luego de encabezar una marcha por la reincorporación de despedidos en la Universidad del Comahue (UNCo). 

La manifestación que lideró frente a la Facultad de Derecho de la casa de estudio mencionada, reclamaba la reincorporación de 12 trabajadoras tercerizadas, que fueron despedidas en diciembre. 

El dirigente fue detenido junto a otros dos integrantes de la central de trabajadores, quedando a disposición del juez, Juan Carlos Chirinos, en un hecho, que el secretario adjunto de ATE Río Negro, Aldo Capretti, consideró ”otro caso de criminalización de la protesta social”.

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Finalmente, producto del clamor popular y la resistencia del pueblo que se niega a que casos como el de Milagro Sala sigan sucediendo, tanto Aguiar como los otras dos personas fueron liberadas en la mañana de este miércoles.

"Gracias a la manifestación y el apoyo de los sindicalistas de todo el país, me liberaron", señaló el gremialista rionegrino a una radio local, calificando la intervención policial durante la protesta como "dudosa".
 
Denunció a su vez que "la policía y la justicia comenzaron a ser utilizadas para implantar una política de ajuste". Consideró que su detención forma parte de un accionar "disciplinador" del Gobierno nacional, en el marco de la represión a la protesta social.

Contexto

El arresto de Aguiar se produjo durante un violento operativo policial, en el que el dirigente se encontraba movilizando a una marcha, junto a sus compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina, frente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahu.

La ATE de Río Negro denunció que se trató de una detención injustificada y violenta, hecha por parte de más de 70 policías, quienes usaron armas largas y los esposaron.

Este caso se asemeja al de Milagro Sala, una activista, parlamentaria y líder indígena, que se encuentra bajo arresto desde el pasado 16 de enero, por dirigir una concentración contra los recortes de presupuestos a las cooperativas de viviendas. 

Sala está en riesgo de recibir una condena de hasta seis años tras las rejas en una cárcel común femenina.