El pasado miércoles, la fiscal en jefe de Panamá, Kenia Porcell, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional, un proyecto de ley que pretende reformar el Código Procesal Penal y el Código Penal del país. 

A través de la propuesta, se busca levantar la reserva de información en relación a los delitos de corrupción, e incrementar las penas condenatorias a las personas involucradas en casos de corrupción en contra de la administración pública.

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"Los delitos contra la administración pública son delitos graves, porque se afecta el patrimonio del Estado, que es el dinero de todos los ciudadanos", señaló la fiscal en su alocución. 

Actualmente, las leyes respecto a los procedimientos en investigaciones sobre corrupción, impiden que los datos de las personas procesadas puedan ser difundidos. La propuesta presentada en el Congreso, plantea que por disposición legal, sea de conocimiento público el nombre de personas imputadas por delitos en contra de la administración pública. 

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De igual manera, la fiscal recordó que las penas por los delitos de corrupción en Panamá oscilan entre 2 y 4 años, por lo cual la propuesta incluye una modificación que aumente la pena a condenas de 6 a 12 años de prisión. 

El proyecto fue presentado en medio de la complicada situación que vive el país respecto al tema de la corrupción, recientemente se develó la participación de 33 altos funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-014) en una red de sobornos para agilizar los trámites administrativos en la ejecución de obras públicas de algunas constructoras.