Los mandatarios del Triángulo Norte de Centroamérica, Juan Orlando Hernández de Honduras, Salvador Sánchez Cerén de El Salvador, y Jimmy Morales de Guatemala se reunieron este miércoles con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington (capital estadounidense)  y acordaron un nuevo plan de acción "para la prosperidad de la región y beneficio de los migrantes".

Juan González, secretario adjunto de Estado de EE.UU., informó que  “los líderes se pusieron de acuerdo en avanzar en un plan de acción para el año 2016 que llevará pasos muy concretos y específicos”. 

Este plan incluye iniciativas para combatir el tráfico de personas, fortalecer la seguridad fronteriza "y facilitar el regreso de indocumentados deportados desde EE.UU. a Centroamérica", explicó González.

Además busca ampliar el capital humano, "fortalecer los ministerios públicos y las instituciones encargadas de administrar justicia, además de definir el papel de los “policías civiles” , y aumentar la cooperación en el ámbito energético” , agregó el funcionario.

Durante la reunión, Biden advirtió los mandatarios que deben cimentar la alianza para acabar con la corrupción y reducir la emigración, "si quieren que este año el Congreso aprueba más fondos para sus países". 

Recientemente, el Congreso norteamericano aprobó 750 millones de dólares para la ejecución del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que los tres países diseñaron para hacer frente a la emigración ilegal.

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“Para que podamos convencer al Congreso este año, con suerte, de que apruebe otros 750 millones, vamos a tener que seguir dando pasos juntos, asegurar una serie de cosas, y una de las más importantes es tener menos migrantes embarcados en un viaje peligroso a Estados Unidos”, subrayó el vicepresidente.

Recordó a los mandatarios que algunos congresistas dudan de la capacidad de Guatemala, Honduras y El Salvador de cumplir con sus compromisos, por lo que son reticentes a ampliar la financiación.

Mientras se daba el encuentro, miles de manifestantes gritaban y alzaban pancartas frente a la Casa Blanca para exigirle a Estados Unidos un Estatus de Protección Temporal (TPS), un permiso que las autoridades de ese país conceden de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales, y que algunos inmigrantes centroamericanos reclaman desde hace años. 

"La violencia es demasiado fuerte. Si no pagas la renta te matan a un familiar. Es pobreza y violencia, ambas cosas de la mano, lo que hace que uno se decida a emigrar", declaró la hondureña Aurora Villatoro, de 25 años, y que llegó a EE.UU. en 2008 de forma ilegal y permanece indocumentada.

Oscar Chacon of @NALACC_ORG demands #TPS for El Salvador, Guatemala & Honduras #StopTheRaids #TPSNow #YesWeCan pic.twitter.com/w6cbID9lhr

— CARECEN-DC (@CarecenDC) 24 de febrero de 2016

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Este es el segundo plan de acción de EE.UU. desde la oleada de inmigrantes que entraron al país de forma ilegal en 2014. El primero buscaba establecer líneas y acciones que debían implementar El Salvador, Guatemala y Honduras para evitar la salida ilegal a la nación norteamericana. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó este plan, dado que también prevía erradicar las causas estructurales de la inmigración y mejorar las condiciones económicas, sociales, de empleo, de acceso a la justicia y fortalecimiento institucional.