Detrás de la renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, están instancias como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano autónomo creado con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y financiado por Estados Unidos (EE.UU.).

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La investigación que la Cicig, realizada de forma conjunta con el Ministerio Público, demostró que los más altos funcionarios de ese país centroamericano estaban vinculados al caso de corrupción aduanera, conocido como “La Línea”, entre ellos, la exvicepresidenta Roxana Baldetti; su secretario privado, Juan Carlos Monzón; y el presidente Otto Pérez Molina.

Sin embargo, más allá de la búsqueda por acabar con la impunidad en ese país, EE.UU. intenta defender sus intereses en esa nación, junto a los de Honduras y El Salvador, los del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.

Para el analista político y miembro de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales en Guatemala Hugo Novales, es necesario cuestionar el papel y la influencia de EE.UU. en ese país.

"Cuando se trata de democracias débiles, no consolidadas, debemos preguntarnos sobre qué papel queremos que juegue la comunidad internacional. En este caso, los intereses del pueblo guatemalteco coinciden con los de EE.UU.”, expresó en alusión a los diferentes sectores sociales que han celebrado la dimisión del mandatario y su comparecencia ante la justicia. 

Sin embargo, el especialista alertó que esta coincidencia coyuntural de intereses “podría no ser el caso en el futuro”. 

Asimismo, señaló que hay quienes se preguntan si la comunidad internacional, “incluyendo a EE.UU., disponen de un poder de veto sobre la política en Guatemala o si, por lo que estamos viendo, pueden iniciar procesos que eventualmente pueden llevar a la caída de nuestros Gobiernos".

Por su parte, el comandante guerrillero guatemalteco César Montes, asegura se la Cicig “es un mal necesario”, pues ha logrado investigar “a los más altos.

Sin embargo, apuntó, “nosotros consideramos que el triunfo no es de los organismos internacionales, sino de las manifestaciones que nunca se habían visto en el país”.

Asimismo, Montes señaló que en Guatemala han tenido un “impúdico embajador norteamericano”, pero “por razones de los intereses estratégicos” de ese país han ignorado las injerencias. “Nos interesaba romper con esa estructura de corrupción de los más altos niveles”, que estaban “erosionando toda la institucionalidad” afirmó, al tiempo que calificó como “desorden” y “Estado fallido” el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina.

Ante esta injerencia, sentenció que el pueblo guatemalteco está de pie y no se va a dejar influenciar por ninguna embajada ni ningún poder internacional.

En ese sentido, resaltó que la renuncia de Pérez Molina es un triunfo de la no violencia, de la lucha social, de los pobres y campesinos, que van a cambiar el sistema.

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Según el analista político Secil Oswaldo de León, la Cicig “está haciendo su trabajo en medio de un contexto en el que las potencias se están jugando el futuro de Centroamérica”. El especialista aseguró que EE.UU. “está luchando para no ser desplazado aún más por los potencias emergentes” en América Latina y para ello “ha utilizado la lucha contra la corrupción como una herramienta de política exterior, como lo hizo en su tiempo contra la lucha contra el comunismo y como lo hace ahora en otras partes del mundo con su lucha contra el terrorismo”. 

Recordó que “son instrumentos de dominación”, que utiliza “de acuerdo a sus necesidades, al contexto y a la coyuntura”. Sin embargo, reconoció que “por primera vez la investigación judicial está funcionando”.

Mientras tanto, el analista Sandino Asturias resaltó que la presión social consecutiva, permanente y masiva también contribuyó a la renuncia de Pérez Molina, y ahora deberá promover el cambio de sistema en ese país.

“El sistema nos tiene que llevar a que los pueblos marginados históricos de la sociedad guatemalteca, los indígenas, las mujeres y los jóvenes, tengan acceso al poder”, enfatizó.

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