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El fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez, quien preside la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), admitió que dicha institución recibe fondos de Occidente, entre ellos Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE).
Durante una entrevista con el enviado especial de teleSUR a Guatemala, Jorge Gestoso, el comisionado abordó varios temas sobre la entidad que dirige, entre ellos el tema del financiamiento y su finalidad en ese país centroamericano.
“Los resultados demuestran la independencia (de la CICIG), sostuvo Velásquez Gómez desde Ciudad de Guatemala, capital. “Siempre habrá campo para la duda y mucho más en una sociedad como esta”, agregó.
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Sobre el tema del financiamiento, el funcionario (que goza de inmunidad y trato diplomático) admitió que la CICIG recibe contribuciones externas.
“La CICIG no responde a ninguna embajada. EE.UU. es uno de los países que contribuye financieramente a la CICIG, al igual que la Unión Europea, Suecia y otros países”.
Al ser cuestionado nuevamente sobre la independencia de la CICIG dada la inclinación de Estados Unidos y Europa de imponer su modelo de “democracia” en América Latina, Velásquez Gómez detalló que “la CICIG no actúa autónomamente en un Estado. No realiza capturas, intercepciones, y los procedimientos son propios del Ministerio Público y estos son los que determinan cómo deben llevarse (las investigaciones)”.
También dijo que al presentarse el caso “La Línea”, en el que está involucrada la exvicepresidenta Roxana Baldetti y recientemente se incluyó al presidente Otto Pérez Molina, “esa fue una investigación de la CICIG y el Ministerio Público. Toda la investigación criminal se hizo en conjunto (...) tenemos una buena relación con el Ministerio Público, son muy buenas”, expresó.
“Mi única convicción es la profundización del estado de derecho en Guatemala. No tenemos agenda política”, concluyó el comisionado Velásquez López.
En Contexto
De acuerdo a su página web cicig.org, esta institución “es un órgano que tiene la finalidad de apoyar las labores del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil guatemalteca, en la investigación de los delitos cometidos por funcionarios y fuerzas irregulares de seguridad”.
Actualmente colabora con las autoridades de Guatemala en varios casos, entre ellos el esquema de corrupción de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en la que funcionarios cometieron supuestas anomalías en un contrato de 15 millones de dólares que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA para brindar servicios de diálisis peritoneal a pacientes con enfermedades renales.
También en el caso “La Linea”, que se dio a conocer por la Fiscalía de Guatemala el pasado 16 de abril de 2015, calificada como una red sofisticada de contrabando en las aduanas de ese país centroamericano.
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