Abogada: Oposición venezolana busca un conflicto de poderes
La derecha venezolana busca generar una matriz de opinión internacional de "ingobernabilidad y caos" en el Estado venezolano.
La abogada constitucionalista, María Díaz, explicó en una entrevista exclusiva para la web de teleSUR, que el acto de juramentación de tres diputados venezolanos impugnados por la justicia el pasado 6 de enero por parte de la nueva administración de la Asamblea Nacional (AN), es un acto de deslegitimación a la Constitución y que la oposición trata de generar un conflicto de poderes en el país suramericano.
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Díaz advirtió que la oposición venezolana, al hacer caso omiso a la decisión N° 260 dictada el pasado 30 de diciembre por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), busca generar "la inestabilidad para el Estado y su Gobierno".
Matriz de opinión
Para la abogada venezolana, la derecha de este país trata de generar una matriz de opinión internacional de "ingobernabilidad y caos" en el Estado venezolano.
"Ellos pretenden pasar por encima de las disposiciones y decisiones que el resto de los poderes del Estado dicten o sancionen en función de sus propias atribuciones", Según Díaz, para hacer creer a la opinión publica que "ellos son las víctimas en el caso".
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Vinculación de poderes
Pese a que los poderes en Venezuela son autónomos, el Poder Legislativo no puede pasar por encima de la Sala Constitucional del TSJ, que sería la que tendría la última palabra en el caso, dado que estos se vinculan a la Sala Electoral, ente que admitió la denuncia por desacato que el oficialismo interpuso contra la directiva del Parlamento encabezada por el diputado Henry Ramos Allup, la semana anterior de juramentar a los diputados de oposición, explicó Díaz.
Si la AN no acata se apelará al Título VIII de la Carta Magna
Si la AN no cumple la Constitución y no acata las disposiciones y decisiones que el resto de los poderes del Estado dicten o sancionen en función de sus propias atribuciones, la Sala Electoral advirtió que apelaría al Título VIII de la Carta Magna.
El Título VIII habla sobre la protección de la Constitución y allí se recogen los amplios poderes que tiene la Sala Constitucional para garantizar el espíritu y letra del texto fundamental.