La expansión del narcotráfico y la minería ilegal en la Amazonía de Perú consolidó un sistema interdependiente donde ambas actividades comparten territorios, recursos y logística. El informe «La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en Perú», presentado este miércoles a la Asociación de la Prensa Extranjera en ese país, alerta sobre la necesidad de actuar frente al avance del cultivo de hoja de coca y la extracción de oro.

El estudio fue elaborado por Amazon Watch, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, el Instituto del Bien Común, la Organización Regional de Aidesep en Ucayali y ProPurús. Ivan Brehaut, uno de los autores del estudio, expuso que las economías ilícitas ya no operan de forma aislada, sino como una estructura que reconfigura territorios, economías, derechos humanos e integridad ambiental.

???? Minería ilegal arrasa la Amazonía peruana.

???? Un informe de ACCA reveló que la minería ilegal devastó 500 hectáreas en la Reserva Nacional Tambopata en un año. 1.000 personas trabajan ilegalmente en el área, con reactivación en 2025 y 2026.

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— teleSUR TV (@teleSURtv) May 12, 2026

La investigación determinó que los grupos criminales comparten armas, carreteras y logística. El capital derivado del narcotráfico financia la expansión de la minería, mientras que el oro ilícito es utilizado para el lavado de activos.

Esta convergencia facilita la instalación de regímenes de gobernanza criminal en zonas de débil presencia estatal, provocando la captura institucional y el control de las economías locales. Las acciones de las fuerzas de seguridad y los operativos de erradicación no muestran coordinación al combatir ambos delitos desde flancos distintos.

Las organizaciones señalaron que la reducción de cultivos de coca anunciada por el Estado peruano es falsa al no adaptarse a la realidad. El documento detalla que un 50% de las zonas de cultivo de coca del país se ubican en la Amazonía y más de 12.000 hectáreas están sembradas dentro de territorios de comunidades indígenas.

El coautor, abogado y docente peruano Ricardo Soberón consideró que la medición no debe limitarse a plantaciones, pistas de aterrizaje y laboratorios. Al incluir las comunidades y territorios bajo influencia de la narcogobernanza, la superficie afectada se eleva a unos 12 millones de hectáreas. Organizaciones criminales transnacionales operan en zonas de frontera y emplean a Perú como punto de suministro, repliegue y almacenaje.

El informe remarca que las comunidades indígenas ejercen una contención contra la expansión ilícita, por lo que deben ser incluidas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Los expertos destacaron la urgencia de abordar esta problemática a menos de tres semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde la Presidencia será disputada por Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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Soberón calificó de significativo y no esperanzador el silencio de las campañas sobre el tema, y anunció que compartirán las recomendaciones con los candidatos para el diseño de una estrategia en sus primeros 100 días de gobierno.

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