La Administración Trump suma otro caso de deportación injusta en su controvertida campaña migratoria. En esta ocasión, se trata de un migrante gay guatemalteco que contaba con protección judicial y que actualmente se esconde en su país tras ser deportado erróneamente.

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Según documentos presentados ante un tribunal de Massachusetts, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a O. C. G. —como es mencionado en la demanda— a México en marzo pasado debido a un fallo en su sistema de bases de datos. Aunque los registros oficiales indican que el migrante declaró no tener miedo de ser enviado a México, la realidad es que nunca se le hizo esa pregunta.

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional admitieron que, tras una investigación, no encontraron evidencia de que ningún agente de ICE hubiera interrogado a O. C. G. sobre sus temores antes de deportarlo, por lo que su deportación se basó únicamente en información incorrecta de un sistema interno que no fue verificada.

O. C. G., cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, relató ante el tribunal que llegó a Estados Unidos en marzo de 2024 huyendo de persecución y tortura en su país. Sin embargo, nunca se le permitió solicitar asilo y, tras una semana detenido, fue deportado.

En abril, intentó cruzar nuevamente a través de México donde fue violado y secuestrado hasta que su hermana pagó el rescate. Cuando logró entrar a Estados Unidos empezó su proceso de asilo y un juez le aseguró que no sería devuelto a México.

Sin embargo, O. C. G. fue enviado al país vecino: “me dijeron que podía solicitar asilo en México, pero que me mantendrían encerrado durante los meses que tardaran en tomar una decisión, o que simplemente podía aceptar que me llevaran de regreso a Guatemala. Después de lo que me había sucedido en México, tenía demasiado miedo de pedir asilo allí. No tenía opciones seguras, así que les dije que me enviaran de regreso a Guatemala”, afirmó.

Este caso se suma a una serie de deportaciones erróneas que han marcado la política migratoria de la actual administración, poniendo en evidencia fallos sistémicos en los procedimientos del ICE.

Antes de O. C. G., la deportación de Kilmar Abrego García ya había expuesto esas fallas. Aunque el Gobierno reconoció el error, acusó sin pruebas al salvadoreño de pertenecer a la MS-13.

Además, la administración actual ha ignorado repetidamente las órdenes de la jueza federal e incluso las directrices del Tribunal Supremo, que exigen facilitar su regreso a Estados Unidos.

En otro caso similar, Daniel Lozano-Camargo, un venezolano, fue deportado a El Salvador en marzo pasado violando un acuerdo judicial que establecía que primero debía resolverse su solicitud de asilo.

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