La organización Abogados Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH por sus siglas en inglés) emitió un contundente rechazo a la declaración del presidente estadounidense Donald J. Trump sobre su pretención de «cerrar» el espacio aéreo de Venezuela, calificándola como «jurídicamente nula» y una violación del derecho internacional.

En un comunicado, la organización subrayó que dicha amenaza carece de fundamento jurídico y constituye una «flagrante e ilegal afirmación de autoridad extraterritorial», incompatible con la soberanía estatal y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

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La ELDH recordó que, según el artículo 1 del Convenio de Chicago, todo Estado ejerce «ejerce soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo que cubre su territorio», un principio consagrado en el derecho internacional consuetudinario. Ningún país puede imponer restricciones unilaterales sin el consentimiento del Estado afectado o un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, algo que Estados Unidos no ha cumplido.

«Intentar hacerlo constituye un acto de injerencia jurídicamente nulo y políticamente inaceptable», señaló la organización.

La asociación advirtió que la medida no solo viola el Convenio de Chicago y las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), sino que además representa una amenaza coercitiva contra la integridad territorial de Venezuela, aun sin el despliegue militar. Al vincularse con el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza, la declaración de Trump busca «imponer la voluntad estadounidense mediante coerción, en lugar de la ley o la diplomacia».

La ELDH también destacó que la presión sobre aerolíneas internacionales para evitar el espacio venezolano carece de sustento legal. «Una declaración unilateral de un gobierno extranjero no puede alterar los derechos ni las obligaciones de terceros en virtud del Convenio de Chicago ni de las regulaciones de la OACI«, aclarando que las aerolíneas que acaten esta presión lo hacen por temor político, no por obligación jurídica.

La organización enfatizó el riesgo de un precedente peligroso al permitir que un Estado cierre unilateralmente el espacio aéreo de otro, una situación que socavaría la estructura multilateral de la aviación civil, sustituyendo el derecho por el poder geopolítico. «La soberanía pasaría a depender del poder geopolítico en lugar del derecho», advirtió.

Por ello, la ELDH exhortó a la comunidad internacional a rechazar con firmeza la medida, definiéndola como «jurídicamente nula e inválida, incompatible con la Carta de la ONU, contraria a la Convención de Chicago y una flagrante violación del principio de no intervención«. La organización insistió en que tolerar tales acciones «erosionaría los principios que salvaguardan la paz y la soberanía entre las naciones«.

Las amenazas de Donald Trump hacia la región latinoamericana han mantenido su escalada desde el ataque a embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico, hasta llegar a amenazas directas de llevar las acciones a territorio de Venezuela y Colombia bajo la justificación de combatir el narcotráfico. Países y organizaciones han denunciado el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y las amenazas constantes a la nación bolivariana.

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