El 81% de los venezolanos está a favor del diálogo político y social, según revela la más reciente encuesta publicada por la agencia Hinterlaces, en el marco del nuevo ciclo de conversaciones institucionales impulsado en la Asamblea Nacional venezolana, donde se activó una hoja de trabajo conjunta con exlegisladores de la oposición del período legislativo de 2015-2020.

La encuestadora recordó que “el diálogo se asocia con la posibilidad de alivio, estabilidad y recuperación económica” y no con una concesión ideológica, motivo por el cual cuenta con el respaldo mayoritario de la población.

La delegación opositora, encabezada por Dinorah Figuera, sostiene encuentros en Caracas con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, marcando un cambio de dinámica en el escenario político nacional al dejar atrás a sectores que promovieron la confrontación extrema desde el exterior.

El contexto actual de estas negociaciones está profundamente marcado por la necesidad de superar las secuelas del doble terremoto del pasado 24 de junio, una tragedia que ha dejado más de 5.500 fallecidos y exige la unificación de esfuerzos nacionales.

Ante esta coyuntura humanitaria, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha redoblado las exigencias internacionales para la restitución de los recursos soberanos ilegalmente retenidos en el extranjero, fundamentales para la reconstrucción del país.

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Entre los puntos de la agenda destaca el reclamo formal dirigido a la monarquía británica y al Banco de Inglaterra para la devolución de las 31 toneladas de oro venezolano, valoradas en unos 2.000 millones de dólares.

La mandataria encargada ha señalado con firmeza que dichos lingotes pertenecen al pueblo y deben destinarse de inmediato a mitigar las consecuencias de la catástrofe material y humana provocada por el sismo.

Asimismo, las conversaciones abordan la liberación de activos financieros inmovilizados en organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluyendo los Derechos Especiales de Giro.

Saludos, Francisco. Brillante, crudo y sincero recuento de lo que hemos llamado en el Observatorio Venezolano Antibloqueo “el robo del CITGLO”. Cómo se montó, aprovechando el parapeto del Interinato y el posterior reconocimiento a la llamada AN 2015, una operación para despojar a Venezuela de su principal activo. Muy buena también la imagen de tu post. Una buena metáfora visual. Poco que agregar a tu balance. Sólo reafirmo: La operación para el despojo a Venezuela de CITGO (a través de un remate judicial llamado “subasta”) comenzó en 2018 en una corte de Delaware, EE.UU, a cargo del juez Leonard Stark, cuando la transnacional canadiense "de maletín", Crystallex, vio en la agresión a Venezuela una oportunidad para cobrar un dudoso arbitraje a su favor. Se aceleró -como bien apuntas- a partir de 2019 con la autojuramentación de Guaidiota y con el nombramiento del asesor estrella de Crystallex, José Ignacio Hernández, como "Procurador del Interinato”. Hernández, un mercenario del derecho y un delincuente político, es la verdadera mente perversa detrás del plan para capturar los activos de Venezuela en el extranjero, aprovechando la política de "máxima presión" de Donal Trump 1.0. y el reconocimiento a la banda de Guaidó y sus socios. Hernández fue el genial autor de la estrategia jurídica que bien describes para darle a Stark la excusa del “alter ego”, una barbaridad jurídica que no tiene pies ni cabeza. Esto lo ha documentado muy bien el economista opositor Francisco Rodríguez. El destino de CITGO parecía sentenciado en noviembre de 2025 cuando Stark decidió entregar CITGO – mediante la aprobacion de la oferta final de la sospechosa "subasta"- al fondo buitre (Elliot Investment) por una fracción de su valor. Detrás de Elliot están Amber Energy y otros intereses petroleros estadounidenses. El problema (paradojas del bloqueo y de la vida) es que CITGO tiene encima una Orden Ejecutiva (13884) que desde 2019 impide su venta sin autorización de la Casa Blanca. Además, la Licencia (5A y sus sucesivas renovaciones) relativa a la imposibilidad de vender los bonos 2020 de Pdvsa, que tienen como colateral el 50.1% de las acciones de CITGO, también frenó desde 2019 la entrega del complejo refinador, como quería la Gente del Petróleo y sus jefes , Guaidiota y Hernández. A partir de 2025, con la renovada presión contra Venezuela todo parecía listo, cuestión de tiempo convencer a Donald Trump 2.0 de que autorizara el despojo. Y en eso vino el 3 de enero. Aclaro- porque en estas redes hay manipuladores como arroz- no estoy diciendo que la agresión militar a Venezuela salvó a CITGO. Lo que sostengo es que el tema se convirtió en un laberinto jurídico-político que sólo puede ser dilucidado en el plano político-diplomático. Y por ello, las discretas gestiones de la presidencia encargada son vitales para recuperar este patrimonio del país. Por una parte, un juez abiertamente alquilado a los compradores, queriendo salir de eso y cobrar; por la otra, la Casa Blanca administrando la nueva y compleja relación con Venezuela con énfasis particular en la recuperación de las relaciones energéticas. En esa estrategia CITGO es una pieza clave. Trump ha reconocido al Gobierno encargado de Delcy Rodriguez, reconociéndole a la vez su potestad para nombrar la directiva de CITGO. Pero la OE 13884 sigue ahí, vigente. Aunque el riesgo sigue, no parece inminente la venta de CITGO pero… ¿pa cuándo su devolución plena a Venezuela? ¿Podrá el diálogo con parte de los autores de esta trama macabra ayudar a solucionar el caso CITGO y sanar esta herida? Veremos. En todo caso que hay seguir exigiendo lo que es una demanda toda Venezuela: la eliminación total de las medidas coercitivas unilaterales. El bloqueo, pues.

— William Castillo Bollé (@planwac) July 30, 2026

El Ejecutivo nacional exige el levantamiento absoluto de las más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales que continúan asfixiando la economía venezolana y obstaculizando el bienestar general.

Desde el viceministerio de Políticas Antibloqueo, William Castillo ha reiterado que el proceso de diálogo transcurre bajo el asedio de estas sanciones y frente a actores políticos cuya legitimidad venció en 2020. No obstante, el funcionario ha subrayado la disposición del Estado de encauzar estas conversaciones hacia resultados concretos que garanticen la normalización de la vida política y el alivio socioeconómico de la nación.

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Este nuevo entendimiento parlamentario se cimenta sobre los antecedentes históricos de la diplomacia de paz impulsada por la Revolución Bolivariana desde 2002, pasando por los acuerdos de Barbados, México y las rondas de negociación directa orientadas a la defensa de la soberanía.

Analistas como José Manuel Cintrón recuerdan que esta línea de diálogo constante ha sido una constante histórica, sostenida previamente a través de más de 600 llamados al entendimiento promovidos por el liderazgo nacional.

Expertos coinciden en que el éxito de esta mesa de diálogo requiere que las partes encuentren puntos de encuentro sin sacrificar la rendición de cuentas. La ciudadanía exige resultados tangibles que prioricen el bienestar común, consolidando la paz como el único camino viable para la estabilidad y el desarrollo soberano de Venezuela.

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