Cuatro personas fueron asesinadas este miércoles 25 de marzo en el Mar Caribe durante un operativo del Comando Sur de Estados Unidos contra una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico, elevando la controversia por la falta de pruebas demostradas. El organismo estadounidense calificó a los tripulantes de «narcoterroristas varones» sin identificarlos, como parte de la operación «Lanza del Sur», impulsada por el presidente Donald Trump.

Según la declaración del ente castrense, la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de este tipo. Los cuatro hombres abatidos fueron descritos como «narcoterroristas varones», aunque sus identidades no fueron reveladas. El Comando Sur aseguró también que «ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido» durante la acción.

Un operativo similar fue reportado el pasado jueves en el pacífico oriental, donde se informó de tres sobrevivientes sin precisar el número de víctimas mortales. La operación Lanza del Sur ya acumula más de 160 personas asesinadas en al menos 47 acciones ejecutadas sin la presentación de pruebas sobre la participación de estos ciudadanos en prácticas delictivas.

La unilateralidad de estos operativos del Comando Sur de Estados Unidos plantea serias interrogantes sobre la soberanía de las naciones de la región. La calificación de «narcoterroristas» sin un proceso judicial claro ni la identificación de las víctimas, y la ejecución de acciones letales basándose únicamente en inteligencia propia, contrasta con los principios de justicia y respeto al derecho internacional.

Asimismo, la ausencia de pruebas fehacientes para respaldar las acusaciones y justificar estas acciones militares intensifica la preocupación en la región, subrayando la necesidad de una rigurosa verificación de los hechos y la presentación de evidencia antes de cualquier intervención armada.

La política de «presión sistémica total» ejercida por Estados Unidos tiende a desestabilizar la paz en zonas clave, sin presentar un plan integral que aborde las raíces sociales y económicas del fenómeno del narcotráfico.

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