En febrero pasado el derrocado presidente ucraniano Víktor Yanukóvich consideró a Occidente como el único responsable junto a las entonces fuerzas opositoras por el conflicto acaecido en el país tras el golpe de Estado contra su Gobierno.

El 22 de febrero de 2014, la alianza liderada por la élite neoliberal de la nación europea, ligada a elementos neofascistas, provocaron el derrocamiento del entonces mandatario y fragmentaron definitivamente al país, para agravar una crisis que aún persiste.

Un año después del golpe, producido tras la decisión de Yanukóvich de rechazar un acuerdo para unirse a la Unión Europea (UE), el exmandatario afirmó en entrevista con el canal Rossia-1 que los países occidentales que intervinieron como garantes del acuerdo rubricado por él y los líderes de la otrora oposición deben asumir la responsabilidad por todo lo ocurrido en Ucrania luego de ese hecho.

En cuanto al Maidán -la ola de protestas opositoras que se destapó a fines de noviembre de 2013 bajo el eslogan de la integración europea- el exjefe de Estado lo consideró como una serie de provocaciones que formaron parte del clásico escenario de desestabilización y derrocamiento de gobiernos legítimos, clasificado además bajo el término de "revoluciones de colores".

Tal tesis fue apoyada por el politólogo ruso Serguei Mijeev, quien manifestó a  la agencia Prensa Latina que guiones de ese tipo, patrocinados por los servicios secretos de Occidente, y Estados Unidos en particular, se llevaron a cabo con antelación en el espacio postsoviético, en Georgia (2003), Ucrania (2004) y Kirguistán (2005).

Ambos criterios coinciden entonces en la responsabilidad occidental con respecto a los sucesos desatados en el país tras el golpe de Estado y las elecciones celebradas el 25 de mayo de 2014, que estuvieron marcadas por la inestabilidad  y la ausencia de las regiones independizadas del este (Lugansk y Donetsk), y dieron como vencedor al magnate chocolatero Petró Poroshenko.

Ucrania post-electoral

Poroshenko, dueño del gigante de las golosinas de Europa oriental Roshen, cuya fortuna según la revista Forbes asciende a mil 600 millones de dólares, fue una de las figuras reconocidas de la llamada Revolución Naranja que llevó a la presidencia a fuerzas políticas pro-occidentales de 2004 a 2005.

El multimillonario también es dueño de un canal de televisión, un astillero y empresas productoras de autos y buses, y se desempeñó de 2009 a 2010 como canciller de la ex primera ministra Julia Timochenko, con quien en los últimos tiempos ha tenido pugnas y acusaciones mutuas de corrupción, al tiempo que apoyó abiertamente las revueltas antigubernamentales en Kiev que provocaron el derrocamiento de Yanukóvich.

Con esas cartas credenciales asumió la Presidencia de la nación el 7 de junio de 2014, en medio de preocupaciones como la alta deuda pública, las negociaciones sobre la factura del gas, y sobre todo, las numerosas protestas populares que se sucedían en el sudeste del país en contra del Gobierno de Kiev y en busca de mayor protagonismo político de las regiones.

Moscú no enviara observadores oficiales a elecciones en Ucrania, que se realizarán en medio de acción punitiva contra regiones del Este

— Julio César Mejías (@julioteleSUR) Mayo 23, 2014

En su discurso de investidura, el nuevo mandatario remarcó su deseos de devolver al país a algo que calificó como “su natural condición europea”, y dijo que trabajaría para convertir a Ucrania en un miembro pleno de la UE.

Otras muestras de su postura pro-occidental salieron a partir de su primer encuentro con el presidente norteamericano, Barack Obama, con quien discutió el incremento de la ayuda a Ucrania en el terreno militar y económico.

Operaciones militares contra Lugansk y Donetsk

El 16 de marzo de 2014, poco después de la destitución de Yanukóvich, los crimeos acudieron a las urnas y un 96,7% de los votantes decidió unirse a Rusia, una adhesión que fue considerada legal por el país euroasiático y refrendada por la Duma (Parlamento ruso) en medio de las críticas de Ucrania y Occidente.

La decisión de ese territorio de 2,3 millones de habitantes, la mayoría de los cuales se identifican como rusos étnicos y hablan el idioma ruso, profundizó las divisiones al interior del país al mostrar que un número considerable de ciudadanos estaban en desacuerdo con las acciones golpistas y deseaban mayores niveles de independencia regional.

El hecho de que Rusia respaldara el referendo llevó a Estados Unidos a convocar a una reunión del grupo de las siete principales economías del mundo (G-7), a partir de la cual comenzaron a aprobarse sanciones de diversa índole contra Moscú.

Luego, en abril de 2014, Kiev lanzó una operación militar contra los independistas en las regiones orientales de Lugansk y Donetsk (llamadas en su conjunto Donbass), cuyos habitantes protestaban contra el cambio de poder y demandaban mayor autonomía.

Aunque el 26 de mayo, luego de las elecciones, Rusia reconoció al nuevo presidente de Ucrania y abrió las puertas al diálogo sobre la situación del país, aviones al servicio de Kiev bombardearon el aeropuerto de Donetsk después de que el Gobierno anunciara que continuaría con la llamada "operación antiterrorista" en las provincias del este.

Mientras continuaban los enfrentamientos en ambas regiones, Kiev y sus aliados occidentales acusaron a Rusia de enviar tropas y armamento a los rebeldes que combatían a las fuerzas del gobierno en el este del país, una participación negada reiteradamente por Moscú.

Luego de largas conversaciones en Minsk, la capital de Bielorrusia, representantes de Ucrania, Rusia, la Federación Popular de Donestsk y la República Popular de Lugansk firmaron en septiembre de 2014 el llamado Pacto de Minsk, un acuerdo que recogió 12 puntos para poner fin al conflicto y decretó un alto el fuego inmediato, pero que ha sido continuamente violado.

 

Aunque el 23 de septiembre el Ejército ucraniano y las milicias acordaron retirar la artillería en un primer gesto de distensión, continaron los enfrentamientos y unos días después la Justicia rusa abrió un caso penal por genocidio de la población rusoparlante en Ucrania.

En el mes de octubre, en tanto, uno de los bombardeos más letales sobre Donetsk por parte del Ejército ucraniano provocó la muerte de nueve civiles, en tanto la organización Human Rights Watch y el diario The New York Times acusaron a las fuerzas ucranianas de usar bombas de racimo en sus ataques sobre ese territorio.

El tema del gas y las sanciones contra Rusia

El alto el fuego alcanzado en septiembre fue visto por diversos analistas como un paso necesario para que el Gobierno de Kiev gestionara un pago de tres millones de dólares al gigante energético ruso Gazprom y, al mismo tiempo, ganara tiempo para negociar que la electricidad y el gas fluyeran a través de otros países como Eslovaquia y Polonia.

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A finales de 2013 Rusia y Ucrania habían acordado rebajar el precio de gas hasta los 268,5 dólares por mil metros cúbicos, pero en abril siguiente Gazprom suspendió esa rebaja a causa de la deuda acumulada por Kiev, con lo que el precio del gas para el país vecino aumentó hasta 385,5 dólares por mil metros cúbicos.

Los debates en torno a la deuda del gas se han mantenido de forma paralela al desarrollo del conflicto. A mediados de este mes Gazprom dio a conocer que recibió de la empresa ucraniana Naftogaz un anticipo de 30 millones de dólares por los suministros de gas, tras la firma de un acuerdo entre las dos compañías para regular las entregas del combustible ruso a Ucrania durante el segundo trimestre de 2015.

La parte económica de la crisis ucraniana, además del deterioro de las finanzas y de la producción del país, se ha visto reflejada también en la imposición de sanciones contra Rusia, que iniciaron cuando el 17 de marzo de 2014 Estados Unidos prohibió la entrada a 11 políticos rusos y embargó sus activos, en el inicio de una ofensiva encaminada a aislar al Kremlin. 

En los meses siguientes la lista aumentó con los nombres de otros funcionarios rusos, crimeos y ucranianos, así como con la inclusión de bancos, empresas e instituciones, y a los Gobiernos de las dos repúblicas autoproclamadas en el este de Ucrania. Miembros de la UE, Canadá, Australia, Montenegro, Islandia, Albania, Suiza, Liechtenstein y Noruega, entre otros países, se unieron a Estados Unidos en respaldo a las sanciones.

A principios de febrero pasado el presidente Obama manifestó que Estados Unidos seguirá aumentando la presión diplomática y económica sobre Rusia a raíz de la situación en Ucrania. “Seguiremos estas dos líneas: presionar a Rusia y apoyar a Ucrania”, afirmó en entrevista con la cadena CNN luego de inculpar nuevamente a Moscú de apoyar a los separatistas ucranianos. Tales acusaciones norteamericanas son vistas por diversos analistas como un intento de contrarrestar la creciente influencia rusa en la región eurasiática, en medio del debilitamiento de la hegemonía estadounidense. 

Últimas negociaciones

Al principio de enero de 2015, hubo una intensificación del enfrentamiento entre las fuerzas separatistas de la República Popular de Donetsk (RPD), la República Popular de Lugansk (RPL) y las fuerzas ucranianas, lo que resultó en el colapso total del alto el fuego acordado en el Protocolo de Minsk.

El 21 de enero, después de intensos combates, el simbólicamente importante Aeropuerto Internacional de Donetsk fue capturado por las fuerzas de la RPD, acción con la cual los separatistas asumieron el control de la última parte de la ciudad que aún estaba bajo dominio ucraniano.

Este recrudecimiento de las hostilidades condujo a diversos contactos a alto nivel que dieron como resultado la celebración de una nueva cumbre en Minsk con la presencia de autoridades de Ucrania, Rusia, Francia, y Alemania.

Luego de 16 horas de negociaciones, el pasado 12 de febrero los cuatro países acordaron un documento llamado “serie de medidas para el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk”, con vistas a poner fin al conflicto del este de Ucrania, pero desde entonces ha habido continuas denuncias sobre violaciones de ese pacto.

A partir de la apertura de ese diálogo directo entre las partes, sectores militares y facciones ultranacionalistas ucranianas amenazan la posible solución del conflicto.

Mientras los habitantes de las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk emprendieron la reconstrucción de las ciudades prácticamente en ruinas por bombardeos y golpes de lanzamisiles múltiples, han persistido las escaramuzas en la línea de fuego, ametrallamientos a poblados y hasta golpes de morteros, según constataron observadores de la misión especial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

 

Tras situaciones de ese tipo, el representante de la insurgente RPD en las negociaciones de Minsk, Denis Pushilin, advirtió hace varios días que si Ucrania persiste en la violación de los acuerdos pactados, ese territorio avanzará hacia la plena independencia.

Denis Pushilin: Donetsk dispuesto a celebrar elecciones locales pero tras reforma constitucional en Ucrania tal como se acordó en Minsk

— Julio César Mejías (@julioteleSUR) Mayo 11, 2015

#MUNDO || #Donbass se prepara para una guerra larga | Por: @VicentteleSUR http://t.co/bE3pRRJv6r pic.twitter.com/uq2IWgNzxj

— teleSUR TV (@teleSURtv) Mayo 17, 2015

A su vez, en Ucrania, país que reconoció recibir armas letales de otros Estados para enfrentar a los independentistas, el Parlamento aprobó por mayoría de votos esta semana una solicitud para retirar sus obligaciones en materia de protección de Derechos Humanos en la región de Donbass, una decisión que parece poner aún más lejano un posible alcance de la paz.