Las acciones de la fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz han sido cuestionadas por sectores gubernamentales, al incitar y promover la violencia en sectores extremistas de la oposición.

Estas acciones abarcan desde declaraciones hasta hechos concluyentes como el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) o el antejuicio de mérito contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ( (TSJ) por "traición a la patria".

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Estos hechos, que derivan en un conflicto de poderes, atenta contra la institucionalidad de la nación.

Acciones de la fiscal

El 31 de marzo de este año, la fiscal inició el conflicto de poderes al rechazar las sentencias 155 y 156 del TSJ en contra de la Asamblea Nacional, al considerar que "se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución".

Luego de esta acción, Ortega Díaz ha ejercido medidas de presión hacia el Gobierno constitucional de Nicolás Maduro, al tiempo que promovió la violencia expuesta por grupos de la oposición venezolana.

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Un ejemplo de esto es el rechazo hacia la ANC propuesta por el presidente  Maduro, al exigir la nulidad de los decretos promulgados por el Ejecutivo, quien está en su legítimo derecho de promover la iniciativa de la Asamblea, al estar amparado por la Constitución.

Además, al estar en contra del proceso constituyente, el cual es un mecanismo garante de la paz y el diálogo, la fiscal atenta contra el objetivo del procedimiento.

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Por otra parte, la pasividad de la Fiscalía ante los asesinatos, la destrucción y la desestabilización perpetrados por grupos violentos ha generado reiteradas críticas hacia la figura de la fiscal.

Incluso ha hecho oídos sordos al llamamiento a investigar a los dirigentes opositores, Freddy Guevara y Julio Borges por incitar las acciones que han derivado en los más de medio centenar de fallecidos por protestas, además de permitir que la derecho venezolana opere con total impunidad

Igualmente, su disputa con el Poder Judicial afecta la institucionalidad del Estado.

En este sentido, la fiscal solicitó la desincorporación de 33 magistrados, 10 titulares y 20 suplentes, al asegurar que el proceso de designación de los magistrados (electos en 2015) era un "proceso viciado", al asegurar que el acta donde se realizó la segunda preselección para elegir a los jueces no estuvo firmada por ella ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano.

Sin embargo, esto fue desmentido por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien mostró el documento donde aparecen ambas firmas.

Antes estos hechos condenables, la máxima autoridad judicial admitió la solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, interpuesta por el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño "por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo".