La Policía de Perú detuvo este viernes a Edwin Luyo, quien fue presidente del comité encargado de ver la licitación de la línea 1 del Tren Eléctrico (metro de Lima), acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarle obras públicas.

Luyo es el primer detenido por el escándalo de corrupción de Odebrecht, que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, reconoció haber pagado 1,4 millones de dólares en el 2008 a un funcionario de alto rango del Gobierno peruano y a miembros de la comisión de licitación de un proyecto de transporte.

La licitación de la Línea 1 del Metro de Lima fue adjudicada a la compañía brasileña en 2009 por 410 millones de dólares durante el segundo Gobierno del expresidente Alan García (2006-2011), informaron medios locales.

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#Odebrecht habría reconocido soborno a Edwin Luyo para adjudicarse obra en Metro de #Lima Durante régimen de @AlanGarciaPeru (2009) pic.twitter.com/dOEHLdCa8u

— Jaime Herrera (@JaimeteleSUR) 21 de enero de 2017

La detención se produjo en la casa del exfuncionario como parte de un operativo dirigido por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, que incluyó el registro del domicilio del exviceministro de Comunicaciones Jorge Luis Cuba; quien no fue hallado.

Castro indicó que Odebrecht habría pagado más de siete millones de dólares para adjudicarse el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima y sospecha que esa cantidad no solo fue para Luyo y Cuba.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Duberlí Rodríguez, expresó que el Poder Judicial está listo para dar la respuesta que corresponda; tal como han exigido los peruanos en manifestaciones de calle.

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— Jaime Herrera (@JaimeteleSUR) 20 de enero de 2017

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“Los jueces actúan a petición del Ministerio Público y con la debida reserva del caso como caracteriza a una investigación de este tipo”, refirió Rodríguez a Canal N.

La Contraloría de la República (tribunal de cuentas) informó la semana pasada que la Línea 1 del Metro de Lima tuvo un perjuicio para el Estado peruano de 109 millones de dólares, al pasar de una inversión inicial de 410 millones de dólares a los 519 millones que costó al final.

La empresa brasileña acordó con la Fiscalía de Perú, el pasado 5 de enero, pagar 30 millones de soles (unos 9 millones de dólares) como un adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas obtenidas con los sobornos.

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