El diputado opositor salvadoreño Ernesto Muyshondt aseguró este martes que la Fiscalía debe proceder a ordenar la detención del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por las acusaciones de corrupción en su contra. El órgano estatal asegura que Funes ha solicitado asilo político en Nicaragua.

Al respecto, el fiscal general del país centroamericano, Douglas Meléndez señaló que Funes es investigado "penalmente" por enriquecimiento ilícito y "posiblemente con lavado" de dinero, que se deriva de un juicio civil ordenado por el Tribunal Supremo por el incremento injustificado de su patrimonio en más de 700 mil dólares.

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El ente fiscal días atrás allanó diferentes inmuebles del empresario de seguridad y de venta de armas Jorge Meléndez, amigo de Funes, quien supuestamente se favoreció de su relación para obtener contratos con el Gobierno.

Con base en este hecho, el legislador de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Muyshondt señaló que "en los allanamientos han encontrado más indicios y elementos probatorios" y "creo que el siguiente paso debe ser el proceder a la captura del expresidente y de gente vinculada a su entorno".

El fiscal Meléndez detalló que Funes "estaba tramitando asilo político en Nicaragua desde hace tiempo y que a estas alturas ya le habían dado un tema de residencia o algo así".

"En el caso del expresidente Funes, tenemos información que estaba tramitando asilo político en Nicaragua". pic.twitter.com/YP0eCfjnUi

— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 23 de agosto de 2016

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Por otra parte, el exmandatario Funes desmintió esta versión por medio de su cuenta personal de Twitter y aseguró que se encuentra en el país.

Muyshondt cree que su estancia en Nicaragua es porque "ahí se siente que lo va a proteger una dictadura que es aliada" de la otrora guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político.

Funes primero en llegar al poder bajo la bandera del FMLN, calificó días atrás de "show" político la investigación fiscal y aseguró que "no han encontrado ninguna prueba" en su contra.

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El expresidente fue citado el pasado 3 de febrero a declarar en la Fiscalía por una investigación por las supuestas negociaciones que su administración entabló con las pandillas entre 2012 y 2014 para disminuir los índices de asesinatos.