El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio admitió este sábado que el Gobierno Federal debe revisar con profundidad la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero (sur).

Las declaraciones fueron emitidas luego de que este jueves la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH) de México denunció fallas y omisiones en la investigación que ejerce la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con el secretario de Gobierno mexicano, esta revisión implica "llegar a la verdad con el propósito de satisfacer las recomendaciones que en lo nacional y en lo internacional se nos hagan". "Queremos la verdad y que los responsables sean castigados”, agregó.

Además, la Ceav preve que estas medidas de acompañamiento sirvan para evitar la revictimización y repetición de hechos similares.

Continúan protestas a 10 años de la desaparición de los normalistas

Este domingo se cumplirán diez meses de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes debían recibir su título como maestros este mes.

En medio de la esperanza por su aparición con vida, los familiares se concentrarán en la localidad de Oaxaca este 29 de julio para exigir al Gobierno mexicano resultados en la investigación.

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El corresponsal de teleSUR en México, Eduardo Martínez, aseguró que a la manifestación se unirán los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de México para demandar además que las fuerzas federales abandone Oaxaca, Guerrero, Michoacán y otras entidades por considerarlas represivas.

Indicó que las protestas de los docentes en rechazo al cierre del instituto de Educación Pública de Oaxaca que se han realizado en los últimos días son pacíficas y que están dispuetos a entablar un diálogo con el Gobierno, pero aseguran que no hay voluntad política.

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En contexto

El pasado 26 de septiembre de 2014, oficiales de seguridad arremetieron contra autobuses donde se trasladaban los normalistas, disparando contra los vehículos, en los que perdieron la vida seis personas, otras 25 resultaron heridas y 43 estudiantes desaparecidos. Los universitarios víctimas de este flagelo manifestaban su rechazo contra la discriminación que sufren en la repartición de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del Gobierno de Guerrero.

La conclusión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que los estudiantes fueron detenidos por agentes policiales y entregados al cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los habrían asesinado e incinerado, versión rechazada por los familiares de los estudiantes.