El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) exigió este jueves garantías de seguridad para sus miembros tras el asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, beneficiario de la ley de Amnistía e Indulto.

El asesinato de Ortiz Cabezas demuestra "la pervivencia del paramilitarismo en los territorios y minan la confianza en las reales garantías de seguridad", dijeron los líderes insurgentes en un comunicado.

Ortiz Cabezas fue asesinado el 16 de abril en el corregimiento de Llorente, del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Las FARC-EP indicaron que el responsable es un presunto narcotraficante, conocido como Renol, que amedrenta a la población de la zona.

"Estos hechos son demostración de la pervivencia del paramilitarismo en los territorios y minan la confianza en las reales garantías de seguridad a la vida y a la integridad de las personas, que  son, en últimas, de exclusiva responsabilidad del Estado", señalan en el comunicado.

"¿Cuántos muertos más habrá que esperar para que en Tumaco empiecen a aplicarse los consensos de Garantías de Seguridad establecidos en el Acuerdo Final?", cuestionaron los dirigentes.

También exigieron a las autoridades investigar la presencia de paramilitares en el municipio Tumaco, donde el 16 de abril fueron asesinadas otras diez personas. Casos que se suman a los asesinatos de líderes sociales que, desde la firma del acuerdo de paz en noviembre del año pasado, suman 31 muertes a manos de paramilitares.