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La Comisión de Garantías, presidida por el presidente Juan Manuel Santos, no se reúne desde hace casi un mes.

La Comisión de Garantías, presidida por el presidente Juan Manuel Santos, no se reúne desde hace casi un mes. | Foto: Zona Veredal Transitoria de Normalización Ariel Aldana

Publicado 20 abril 2017



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Luis Ortiz fue asesinado en la localidad de Guayacana por un reconocido paramilitar de la región. Para las FARC-EP esto evidencia el fallo del Estado para garantizar la seguridad de los amnistiados.

El Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) confirmó este jueves el asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, quien tenía solo 15 días de haber sido liberado por la Ley de Amnistía e Indulto aprobada en el marco del Acuerdo de Paz en Colombia.

Su muerte resalta el temor que existe en torno a los acuerdos de La Habana de que se repita un exterminio de los exguerrilleros como sucedió durante la época del partido Unión Patriótica en los años ochenta.

Ortiz, apodado Pepe, fue indultado en el contexto de la Ley de Amnistía y liberado el primero de abril de la cárcel de Vista Hermosa en Cali. El 16 de abril se encontraba visitando a sus familiares en la zona rural de Tumaco en el departamento de Nariño. En la noche de ese día fue abordado en una vereda de la comunidad y asesinado con un arma de fuego.

El comunicado del Estado Mayor señala: “Este hecho criminal, que se suma a otros homicidios, causados según personas de la comunidad por un hombre apodado ‘Renol’ quien pertenece a un grupo armado que hace presencia en la zona”.

Renol es identificado como un paramilitar en una de las zonas reconocidas como la región con el mayor número de hectáreas de coca sembradas en el país y con la mayor cantidad de laboratorios de cristalización de cocaína.

Otras diez personas fueron asesinadas en ese mismo municipio el mismo día. Para las FARC-EP “estos hechos demuestran la pervivencia del parramilitarismo” y la falla del Estado colombiano para garantizar la seguridad. Estos casos se suman a los asesinatos de líderes sociales que, desde la firma del acuerdo en noviembre del año pasado, suman 31 muertes a manos de paramilitares.

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