En el marco de las múltiples protestas que se han venido desarrollando en Argentina por parte de los sindicatos de trabajadores, docentes y estudiantes, el partido del presidente Mauricio Macri, Cambiemos, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que plantea la modificación del Código Penal, para endurecer las sanciones contra los manifestantes.

La propuesta pretende modificar cuatro artículos que se refieren directamente a las sanciones por amenazas, daños, abuso de armas y delitos que atenten contra las manifestaciones públicas de todo tipo, aumentando la pena para las personas que utilicen "elementos contundentes, inflamables, proyectiles y objetos capaces de dañar la integridad de las personas o bienes, así como también quienes oculten su rostro para impedir ser identificados".

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Este proyecto sancionaría a los manifestantes con una pena de hasta 10 años de cárcel y le da libertad a los funcionarios policiales para detener a los protestantes. 

La abogada Ileana Arduino, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), alertó que esta propuesta intenta ilegalizar las protestas sociales, "es deplorable, se apoya en la demonización piquetera pero podría asfixiar cualquier forma de disidencia y reclamo social".

"Un proyecto que viola la Constitución, además propone neutralizar el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, lo que también lo hace inconstitucional y afecta el principio de legalidad", detalló la abogada. 

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