El espionaje a periodistas en México
El diario estadounidense The New York Times reveló en un reportaje una serie de casos de periodistas y activistas mexicanos que han sido víctimas de espionaje por parte del Gobierno de ese país.
El espionaje del Gobierno de Enrique Peña Nieto se sustenta en la activación del software de Pegasus en los teléfonos inteligentes.
¿Quiénes acusan al Gobierno mexicano?
Un estudio realizado por organizaciones civiles reveló que cerca de 88 intentos de espionaje contra periodistas, activistas y críticos del Gobierno de Enrique Peña Nieto se han realizado en México.
Las organizaciones mexicanas R3D, Social TIC y el organismo internacional Artículo 19 documentaron 76 nuevos intentos de infección, ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016. Estos casos se unieron a los 12 ya conocidos.
#México | El Gobierno Mexicano espía a periodistas y defensores de derechos humanos, de acuerdo con un documento publicado por @nytimes. pic.twitter.com/VRphqa2DR5
— CiudadTV21.2 (@CiudadTV212) 19 de junio de 2017
Estas organizaciones denuncian que los hallazgos de la investigación apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos y exigen una investigación rigurosa sobre estos hechos que violan los derechos humanos.
Pegasus, el software que vigila a los periodistas en México
El sistema cibernético para el espionaje conocido como Pegasus, fue adquirido en 2011 por el Gobierno de México a la empresa de Israel NSO Group, que asegura haberlo vendido bajo la condición de que no se utilizara contra la población civil.
>> Informe revela espionaje de Gobierno mexicano a periodistas
Cuando una persona es atacada con el software recibe un mensaje de texto en su teléfono para que haga clic a un enlace externo que, en realidad, es un enlace infeccioso. Si la persona accede, se instala el programa en su teléfono y el atacante puede ingresar a todos los archivos guardados en el dispositivo.
Las víctimas de espionaje del Gobierno
El Centro Agustín Pro fue atacado cuando documentaba casos graves de violaciones a derechos humanos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o la presunta ejecución extrajudicial cometida por el Ejército en Tlataya.
La periodista Carmen Aristegui y su hijo, el comunicador Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, integrantes de Aristegui Noticias, recibieron amenazas a través de mensajes de texto a partir de abril de 2015 y hasta mediados de 2016, meses después de la publicación del reportaje de La Casa Blanca y durante la difusión de otros artículos de posible corrupción.
>> Periodistas piden explicación al Estado mexicano por espionaje
Desde agosto de 2015, Carlos Loret de Mola es blanco de intentos de intrusión bajo el mismo modus operandi. El periodista publicó la primera columna relacionada con la presunta ejecución extrajudicial de Tanhuato.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, específicamente el director de investigación periodística Salvador Camarena, también recibió un intento de intrusión. Fue un día después de que esa organización en colaboración con Animal Político revelaron el reportaje Las Empresas Fantasma de Veracruz que terminó con la renuncia y posterior detención del exgobernador Javier Duarte.
Los activistas Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano de la Competitividad fueron víctimas de intentos de intrusión, en coincidencia con el período en que investigaban sobre presuntos hechos de corrupción.
¿Cuál es la respuesta del Gobierno de Enrique Peña Nieto?
A través de un comunicado el Gobierno de Enrique Peña Nieto advirtió que no existen pruebas concretas de las acusaciones de espionaje y se limitó a condenar “cualquier intento” por vulnerar los derechos de la privacidad de un ciudadano mexicano.
Aquí la postura del @gobmx respecto de la nota del New York Times. pic.twitter.com/KZpnbDyxka
— Eduardo Sánchez H. (@ESanchezHdz) 19 de junio de 2017
En un comunicado difundido por el director general de medios Internacionales de la Presidencia de México, se dirige específicamente al editor de The New York Times y menciona oficialmente que “no hay prueba alguna” de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del espionaje y pidieron que las personas espiadas denuncien la supuesta intrusión.
“Se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo, a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes”, agrega la nota.